La división de derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos está evaluando si iniciar investigaciones bajo una ley federal que protege los derechos de las personas en hogares de ancianos estatales y otras instalaciones.

Se estima que el costo total del fraude en Pensilvania se acerca a los 250 millones de dólares.Los acusados se enfrentan a cargos que incluyen robo, conspiración, presentar o ayudar a presentar una solicitud fraudulenta de beneficios federales y mentir a los investigadores. La mayoría de los acusados no están conectados, pero reflejan una práctica más amplia de fraude que aún está bajo investigación.

El grupo de rescate está formado por voluntarios de los condados de Delaware, Filadelfia y Montgomery.

Actualmente, más de 600.000 habitantes de Pensilvania están cobrando desempleo. Eso es casi uno de cada 20 residentes. Algunos podrían ser elegibles para un aumento semanal de $300 ahora que FEMA ha liberado $44 mil millones adicionales en fondos, con $ 1,5 mil millones para el estado.

El camino hacia la recuperación parece más prometedor en el estado y el número de casos de COVID-19 continúa disminuyendo. CATE, o Prueba y educación accesibles a la comunidad, un vehículo recreativo móvil de prueba COVID-19, está llegando al servicio de los vecindarios desatendidos.

Con una orden ejecutiva que protege a los propietarios e inquilinos del desalojo o la ejecución hipotecaria que vence el 1 de septiembre, el gobernador Tom Wolf envió cartas a la Cámara y al Senado instando a la legislatura a extender temporalmente la moratoria existente y corregir defectos en la Ley 24 de 2020, un programa creado recientemente. que ayuda a inquilinos y propietarios de viviendas.