Desde octubre de 2018 a julio de 2019, organismos de derechos humanos denuncian al menos 21 ejecuciones selectivas como parte de una nueva etapa represiva en Nicaragua. La práctica se produce particularmente en las zonas rurales más antisandinistas, y hasta en la vecina Honduras adonde rebeldes se han exiliado. Los familiares de las víctimas acusan a "paramilitares organizados" por el gobierno de Daniel Ortega de los crímenes.

Puede verse claramente como los antimotines armados, agreden entre muchos, a unos pocos estudiantes desarmados. También se escuchan bombas lacrimógenas y los gritos desesperados de los manifestantes.

La líder nicaragüense Irlanda Jerez llegó a Miami, donde sostuvo reuniones con el congresista Mario Díaz-Balart y la comisionada de Sweetwater, Sofía Lacayo. Estuvo 329 días presa en su país.

Pobladores de la ciudad de Masaya, particularmente del barrio indígena Monimbó, rechazaron la visita del gobernante Daniel Ortega durante la conmemoración del hecho histórico que influyó en el derrocamiento de la dictadura somocista en 1979. Por segundo año consecutivo, Ortega no celebró el acto final en la emblemática plaza de esta localidad, donde históricamente concluía el repliegue.

Defensores de los derechos humanos aseguran que solicitud tiene como objetivo velar por la seguridad y tranquilidad de quienes se han manifestado en contra las autoridades nicaragüenses. Argumentan que miles de personas, desde que ese país se sumergió en una crisis política, se encuentran en un “limbo migratorio”.

Esta iniciativa bipartidista fue presentada por los congresistas Mario Díaz Balart y Donna Shalala y busca que el Estatus de Protección Temporal se extienda a los que escapan de la violencia desatada por el régimen de Daniel Ortega.