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Daniel Ortega

Sin empleo y bajo asedio: el gobierno de Nicaragua marca a los excarcelados y les impide rehacer sus vidas

Los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian una campaña de hostigamiento selectiva a los expresos políticos nicaragüenses.
26 Oct 2019 – 12:35 PM EDT

El abogado Noel Valdez Rodríguez, de 50 años, acudió a la Policía de Nicaragua a gestionar su licencia de conducir en septiembre pasado. Cuando le entregaron el documento, en la delegación de Matagalpa, él leyó en el mismo que, debajo sus datos personales y la categoría de conducir, las autoridades escribieron una leyenda que lo describió como “…detenido y esperando ser procesado… caso de los tranques”.

La referencia en el documento oficial señaló a Valdez como uno de los opositores que levantaron trincheras contra el gobierno en las protestas que iniciaron en abril del año pasado. A esas barricadas levantadas con adoquines el gobierno las llamó los tranques de la muerte, porque de ese modo responsabilizó a los manifestantes de la violencia en el país.

El abogado fue uno de los presos políticos liberados en junio pasado por la justicia de Nicaragua tras la presión internacional ejercida contra el gobierno de Daniel Ortega.


Pertenece al partido opositor Ciudadanos por la Libertad y estuvo diez meses preso por participar en las manifestaciones en su natal Matagalpa, ubicada a 130 kilómetros al norte de la capital del país centroamericano, donde miles de opositores protestaron inconformes con una reforma a la seguridad social y luego reaccionaron ante la represión con la que el ejecutivo respondió a los cuestionamientos de la población.

Más de un mes después de la entrega de su licencia, el jurista lamenta que el Estado lo expone a agresiones de fanáticos del partido u oficiales identificados con el gobierno.

Varios opositores a Daniel Ortega dicen ser víctimas de seguimientos y vigilancia policial, lo que les impide manifestarse en las calles y seguir adelante en sus vidas, sobre todo en el caso de los excarcelados. Los testimonios de diez ex presos políticos, consultados para esta investigación periodística, realizada por Stereo Romance en alianza con CONNECTAS, plataforma de periodismo colaborativo en la región, demuestran un patrón de comportamiento por parte de las autoridades contra los denunciantes, expresado en la vigilancia policial selectiva en las afueras de las casas de estos opositores o agresiones verbales de simpatizantes sandinistas en los barrios de donde son originarios.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), que lleva registro de las denuncias por abusos del gobierno de Nicaragua, ha recibido al menos 63 casos de exprisioneros opositores, en medio de un contexto adverso para la crítica, donde las manifestaciones opositoras quedaron prohibidas desde septiembre del año pasado.


Hasta ahora la posición del ejecutivo, divulgada en distintos foros internacionales, es que el gobierno de Ortega ha sido víctima de un intento de golpe de Estado. Mientras, tanto la CIDH como Naciones Unidas han denunciado el uso excesivo de la fuerza contra los opositores, que ha provocado al menos 328 asesinatos y más de 2,000 heridos desde abril de 2018.

En las denuncias más recientes, la CPDH de Nicaragua ha documentado a través de videos, fotografías y mensajes de texto el testimonio de opositores que han sido objeto del asedio oficialista. Las imágenes muestran mujeres y adolescentes tatuados a la fuerza con las palabra "Plomo" y las siglas "FSLN", y mensajes intimidarios escritos en las casas de algunos de ellos.

El equipo de Stereo Romance, en alianza con CONNECTAS, solicitó en dos oportunidades entrevistas con la Policía Nacional para abordar estas denuncias, a través de cartas enviadas en agosto y octubre de este año. Ninguna de ellas ha sido respondida.

Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la CPDH, destacó que, entre los 63 casos mencionados, hay seis denuncias por mala atención y negación de atención médica en los hospitales contra los expresos políticos.

Uno de ellos fue el niño Álvaro Conrado, quien murió el año pasado en un hospital público donde le negaron la atención médica, después de que fue herido en el cuello por un francotirador en Managua.

Cinco meses después de las últimas excarcelaciones de presos políticos, la CPDH tuvo conocimiento también de diez casos de personas que fueron recapturadas y tres ex presos que aseguraron que han sobrevivido “a intentos de asesinatos”, pero no dio más detalles de los supuestos ataques.

Durante la elaboración de esta investigación, que se publica en NICARAGUA.CONNECTAS.ORG, una iniciativa para contar el país centroamericano a la región, el expreso político Francisco Hernández aseguró a Stereo Romance que temía ser detenido si decidía ir a la Policía a hacer gestiones. Su esposa reportó a los organismos de derechos humanos su detención.

Pablo Cuevas, otro miembro del área legal del organismo de derechos humanos, sostiene que los opositores están siendo asediados e intimidados. “Son vigilados primero por las estructuras del partido. Hay otro tipo de vigilancia de los motorizados, que son policías de civiles. A veces llegan patrullas descaradamente”, lamenta el abogado.

La molestia oficial por los globos azul y blanco

Videos tomados por opositores nicaragüenses con sus celulares, publicados después en sus cuentas de redes sociales, muestran cómo las autoridades policiales rondan sus viviendas para intimidarlos.

El 5 de octubre pasado, una mujer de la comunidad de San Rafael del Sur, en Managua, denunció en su cuenta en Facebook cómo una patrulla se aparcó frente a su casa y estuvo ahí durante más de una hora. En las imágenes se observa a los oficiales sonar las sirenas del vehículo en respuesta a que ella decidió celebrar su cumpleaños escuchando en volumen alto la canción “que vivan los estudiantes” (de los Guaraguaos) y decoró su sala con globos azules y blancos, los colores de la bandera que son considerados subversivos por las autoridades debido a que con ellos se identifican los manifestantes desde que iniciaron las protestas.

Jader Munguía, de 45 años, originario de la comunidad El Rosario, en el departamento de Carazo, afirma que no ha conseguido empleo porque que la Policía se niega a emitir el récord que afirme que está libre de antecedentes criminales. Eso debió ocurrir en junio pasado, desde la aprobación en el Parlamento de la ley de amnistía promovida por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La CPDH reportó casos también en que la constancia era emitida señalando la participación en los tranques. De ambas maneras, el Estado limita la posibilidad de acceder a un trabajo de los excarcelados, porque el récord es un requisito solicitado por las empresas durante las postulaciones a empleos.

La negativa de la Policía para entregar estas constancias es cuestionada también por las autoridades del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, cuya personería jurídica fue cancelada por el Parlamento de mayoría sandinista el 12 de diciembre de 2018 bajo la acusación de que había recibido fondos para “alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar al país”.

Para la presidenta de este organismo, Vilma Núñez de Escorcia, esta medida gubernamental es cómo “declararle la muerte civil” a los ciudadanos, porque les impide el acceso a diferentes servicios públicos, al derecho al trabajo y a la presunción de inocencia.

La migración al exterior es por falta de seguridad

La situación de falta de garantías a la ciudadanía ha causado también la salida de 70,000 nicaragüenses al exterior desde abril de 2018. Según un informe de la CIDH, publicado en septiembre bajo el título de “Migración Forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica”, 55,500 migrantes pidieron protección en ese país.

Factores vinculados a la persecución del Estado guardan una estrecha relación con la huida de Nicaragua: “Amenazas directas en un 33%; por amenazas por redes sociales en un 23%; por imputación de delitos en un 11%; por la represión estatal en un 8%; por asedio y persecución en un 6%; por detención arbitraria en un 7%; por atentados en un 5%; como consecuencia de heridas en un 5%; por violación sexual en un 1%; y por negarse a cumplir órdenes en un 1%”, dice el documento.

Para la elaboración del informe la CIDH realizó 259 entrevistas y recabó 152 testimonios. Este concluye que la migración de los nicaragüenses ha ocurrido por la grave crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua “desde la represión estatal a las protestas que inició el 18 de abril de 2018 y que, hasta el momento, ha ocasionado la muerte de 328 personas; 2,000 personas heridas; 700 personas detenidas y enjuiciadas; el despido de 300 profesionales de la salud; la expulsión de 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN); y el exilio de al menos 70 periodistas y trabajadores de medios; hechos que han quedado impunes”.

De acuerdo con la CIDH, hay una “criminalización” de la protesta social, una situación que incluso ha tocado a excompañeros de la lucha antisomocista de Ortega.

Entre ellos, al mayor retirado Tomás Maldonado, que luchó contra Somoza y formó parte de la la estructura partidaria del FSLN entre 2000 y 2006; y al coronel retirado Carlos Brenes, que antes fue un militar destacado en las filas del Ejército Popular Sandinista.

Asedio en las casas

La mujer trans Kisha López, de 28 años, fue prestamista de Diriamba hasta que la apresaron por su participación en las protestas. Su encarcelamiento significó su ruina económica, quiere seguir adelante pero dice que es víctima del hostigamiento de las autoridades. Para probarlo, muestra tres videos en los cuales puede verse a patrullas de la Policía frente a su casa. En uno de ellos, ella los encara a gritos desde su vivienda y les dice que no les tiene miedo; los acusa “de que día y noche pasan paramilitares por ahí, me van a matar”.

Su relato coincide con el de otros ex presos políticos. Las víctimas de la represión en Nicaragua han denunciado la actuación combinada de policías, grupos armados y pandilleros.

Los hermanos Jean Carlos, Harvin y Luis Miguel Lesage, una familia de músicos que ahora elaboran camisetas con leyendas como “tu alma grita Nicaragua, que se rinda tu madre” para comercializarlas, denuncian que tienen tres videos-- igual que fotografías-- de la persecución de la que han sido víctimas por su condición de excarcelados.

“No nos han borrado los delitos. En mi caso, me eliminaron del sistema de estudiantes de la facultad regional UNAN-Carazo (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de ese departamento) Estudiaba quinto año de administración de empresas. Es un proceso bastante duro, porque estamos enfermos psicológicamente por el asedio, la persecución. No puedo salir ni a la esquina de mi casa. Solo puedo estar en mi casa preso”, dice Jean Carlos Lesage. Su hermano Harvin Lesage cuenta también que afuera de su vivienda se pueden ver policías y paramilitares que toman fotografías para intimidarlos.

Gerald Lobo es otro excarcelado que asegura que quiere seguir adelante en su vida, pero ve a la persecución estatal como un obstáculo para hacerlo. Tiene un negocio de venta de ropa usada en Nicaragua, y se mudó de casa para evitarse problemas con simpatizantes del partido de gobierno, quienes al reconocerlo lo llamaban “tranquero”, el mismo descalificativo que usó la Policía cuando emitieron la licencia de conducir del abogado Noel Valdez Rodríguez en Matagalpa, recordándole que esperaba ser procesado por ese mismo caso.

Patrullas frente a las parroquias

La presencia de agentes del Estado también es notoria en los alrededores de las iglesias. En una carta del 7 de octubre pasado, el Obispo de Estelí y secretario de la Conferencia Episcopal, Abelardo Mata, condenó el asedio de paramilitares y policías del que fueron objeto durante una procesión que realizaron en honor a la Virgen del Rosario, patrona de esa ciudad ubicada al norte del país, y en el cual intimidaron claramente a la población.


Otros sacerdotes rechazan la presencia policial frente a las parroquias. Cada vez que celebran una misa en honor a alguno de los manifestantes asesinados en Masaya, al oriente del país, suele verse a patrullas cerca de las iglesias. El sacerdote Edwin Román lo denunció públicamente el 27 de agosto pasado: “La parroquia San Miguel-Masaya ha estado rodeada toda la tarde por diez patrullas antimotines y motorizados. Cerraron dos cuadras a la redonda sin paso vehicular. Son las 8:15 pm, estoy solo en casa cural y tengo en el portón una patrulla y otra por la iglesia”, escribió en su cuenta de Twitter.

En el contexto de las protestas desde el año pasado, las iglesias han abierto sus puertas para atender a las víctimas de la represión. Otros líderes religiosos han criticado el comportamiento de los agentes.

Este trabajo fue realizado por Stereo Romance en alianza con CONNECTAS, en el marco de NICARAGUA.CONNECTAS, un espacio para contar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión .

7. BARRICADA: La rebelión de los nietos del sandinismo

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