Tres nicaragüenses cuentan, desde distintas trincheras, cómo han vivido el horror: una madre pide justicia por su hijo asesinado, un simpatizante sandinista que defiende la represión y un policía activo, que confiesa los crímenes cometidos por los paramilitares. A un año del comienzo de las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que estallaron el 18 de abril de 2018 en Managua, el país continúa sumido en la incertidumbre y la crispación.

John Bolton, el asesor de seguridad nacional anunció en Miami nuevas medidas para los viajes que no sean por motivos familiares, así como en el envío de dinero a la isla el cual será limitado a mil dólares trimestrales. También implementó por primera vez en 22 años el capítulo III de la ley Helms-Burton.

La visita coincide con la conmemoración de la invasión de Bahía de Cochinos el 17 de abril.

El papa Francisco ordenó a monseñor Silvio Báez trasladarse “por un tiempo indeterminado” a Roma, luego de que denunciara un “complot” en contra de su vida. Es el obispo más beligerante y el más atacado por el gobierno sandinista: Lo han llamado “asesino”, “golpista”, han pedido cárcel contra él, y lo han herido. Su salida del país genera pasiones encontradas entre religiosos, no creyentes y simpatizantes del régimen

No hay cifras claras de cuántos nicaragüenses llegaron a EEUU para pedir asilo en los últimos meses por considerarse perseguidos por el gobierno de Daniel Ortega tras el comienzo de la ola de protestas, pero una organización de derechos humanos en Miami dice estar desbordada por estos casos. Un joven deportado le contó a Univision Noticias su experiencia tras ser deportado a Nicaragua.

Sin anunciarlo previamente como en ocasiones anteriores, el gobierno de Daniel Ortega ofreció casa por cárcel a otros 50 presos políticos. Entre los excarcelados hay estudiantes, campesinos y profesionales que fueron arrestados por participar en protestas contra su gobierno.