Tras el incidente, hasta el momento hay seis personas detenidas por su presunta implicación en los violentos hechos.

Líderes estatales reaccionan a la anulación de la ley promulgada en 2011 y discuten el impacto de esta decisión para los votantes latinos.

Después de detenerlo, los policías lo llevaron a la cárcel municipal, lo desnudaron y sometieron a una golpiza, para luego llevarlo a otra comunidad, donde fue incomunicado.

En la denuncia se detalla que “se trata de una serie de hechos graves cometidos por acción u omisión por el Gobierno del Estado de Coahuila que desencadenaron la muerte de más de 300 coahuilenses a manos de grupos criminales protegidos por el gobierno en todos sus niveles”.

Mientras el líder del cártel de Sinaloa se queja de las condiciones en las que está recluido, las autoridades le responden que "no está en un spa ni de día de campo, sino en una prisión federal".

Tras la masacre en el club Pulse, más personas han comenzado a adquirir armas, especialmente miembros de la comunidad LGBT.