Dos poderes públicos enfrentados por la investigación de juicio político que lanzó la Cámara de Representantes al presidente Trump. Nadie se mueve de su posición y la Constitución no dice nada sobre cómo resolver el impasse, el primero desde 1974 en los días álgidos del caso Watergate.

Los dreamers respondieron que se trata de una estrategia que busca eliminar el programa tal como lo hizo en 2018 durante el debate sobre el presupuesto, cuando utilizó a los dreamers o soñadores como moneda de cambio y le pidió dinero a los congresistas para construir el muro.

El programa fue reactivado por decisión de los tribunales de justicia en enero de 2018. La cancelación respondió a una promesa de campaña del presidente Donald Trump dentro de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.

Los jueces analizarán la legalidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que ha protegido a unos 700,000 jóvenes inmigrantes de la deportación.

“Eliminar DACA causará graves daños en las empresas, los trabajadores y la economía de los Estados Unidos”, dicen los principales empleadores de soñadores.

Esta demanda recibió atención nacional porque se temía que la acción afirmativa estuviera en peligro. Una organización había demandado a la universidad de élite por supuestamente discriminar a los asiáticos-estadounidenses y admitir menos de ellos con estándares más altos, mientras que sí dejaba entrar a más hispanos y negros. La jueza determinó que Harvard no actuó indebidamente.