Un nuevo fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito señala que la lectura de los derechos Miranda, un procedimiento en donde a un arrestado se le especifican sus derechos, no aplica para detenciones de indocumentados porque ICE actúa bajo un proceso civil y no criminal. Un experto analiza cómo esta decisión puede perjudicar a quienes son detenidos por agentes federales migratorios.
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Yanoi Alonso Rodríguez había asistido a una "cita rutinaria" a finales de agosto a las oficinas de ICE en Tampa cuando fue puesto bajo custodia sin previo aviso. Al inmigrante, a quien se le negó el asilo en Estados Unidos tras ingresar sin documentación legal en 2019, se le ha pausado de forma temporal su deportación.
Varios cubanos que llegaron a EEUU cruzando la frontera con México y recibieron una I-220A están recibiendo una carta de ICE con un parole interino, que puede servirles para aplicar a la ley de ajuste y solucionar su situación legal en el país. Esto es lo que se sabe.
En las últimas horas, decenas de cubanos que tienen el formulario I-220 A o una orden de liberación bajo palabra empezaron a recibir un parole interino enviado por ICE, documento que les permitirá aplicar a la residencia bajo el ajuste cubano. “Muy feliz. Ya por lo menos podré sacar los papeles”, expresó Yoesnel Rosabal, beneficiario. El abogado José Guerrero explica lo que significa para estos migrantes que no solicitaron esta carta.
La Casa Blanca anunció que Biden envió una solicitud al Congreso para que aprueben una partida presupuestaria urgente de más de $100,000 millones que incluye $14,000 millones para la frontera con México. Te decimos para qué servirán y qué piden los grupos proinmigrantes.
El acuerdo judicial garantiza que los inmigrantes que trabajan en los centros de detención de ICE reciban formación, remuneración monetaria, ropa de trabajo y equipo de seguridad necesarios, así como el respeto del personal de las instalaciones.
Salvador Rosales Vargas murió en junio pasado mientras estaba detenido en Georgia. Sus familiares dicen que le negaron la atención médica que requería. Hoy el 100% de migrantes detenidos en California están en Centros administrados por compañías privadas. Las empresas se defienden y dicen que en sus instalaciones no practican el confinamiento solitario.
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Marcialito Biol Benítez, oriundo de Filipinas, fue acusado de organizar las bodas entre personas con ciudadanía estadounidense y parejas inmigrantes que buscaban así la garantía de permanecer en Estados Unidos. Residía en Los Ángeles, donde tenía una oficina desde la cual organizaba los matrimonios falsos, para engañar a las autoridades migratorias. Al final, no lo consiguió.
Para finales de febrero de 2024 está programado el juicio civil federal contra Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, por tráfico de personas, trabajo forzado, agresión sexual y otras acusaciones. En VIX ya puedes ver el documental sobre este caso.
Un informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional reveló que entre 2021 y 2022 más de 177,000 inmigrantes liberados en la frontera con México bajo palabra estarían perdidos en el sistema.
Las autoridades dieron nuevos detalles de la búsqueda de Danelo Cavalcante, el asesino que escapó de una cárcel en Pennsylvania. Cavalcante, condenado a prisión perpetua por matar a puñaladas a su exnovia, logró burlar el perímetro policial y trató de contactar a excolegas de trabajo. Sigue las últimas noticias en
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Es probable que la decisión del juez federal de distrito David Ezra, de Texas, sea apelada por el estado, que durante los últimos dos años ha empujado agresivamente los límites legales para frenar el flujo de inmigrantes.
Más de 3,000 páginas de documentos obtenidos bajo la FOIA muestran una imagen de un departamento de Seguridad Nacional (DHS) "centrado en gran medida en permitir que sus agentes oculten sus identidades mientras utilizan plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, a pesar de lo intrusivo de la práctica”, revela informe.
Un informe de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) reveló que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR), con colaboración del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE), discrimina de manera ilegal y sistemática a inmigrantes y personas que el sistema carcelario considera nacidas fuera de Estados Unidos; esto acorde a una investigación de la Ley de Registros Públicos.
ICE aseguró que la mayoría de los detenidos tenían antecedentes criminales que los convirtieron en inadmisibles, y entre los arrestados había “extranjeros que reingresaron al país tras ser deportados” previamente, una falta (re-entry) que, de acuerdo con la ley de inmigración, se castiga con la expulsión de por vida.
La organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) recibió más de 2,500 registros y correos electrónicos entre oficiales de prisiones de California y agentes de migración. Dichas comunicaciones exponen una relación cercana, hasta ahora desconocida, y una “discriminación sistemática” al investigar a presos nacidos en el extranjero y que no hablan inglés.
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A los pocos meses de ingresar a Estados Unidos con una visa de turismo, un familiar lo llevó a pedir asilo. Pero en vez de completar y llenar un formulario I-589 y enviarlo a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), lo llevó a una oficina local de la agencia que en ese entonces dirigía la fuerza nacional de deportaciones del gobierno de Trump.
En el dictamen de 41 páginas, el juez federal Robert Kirsch señaló que el gobierno federal “tiene un amplio e indudable poder sobre el tema de inmigración y el estatus de los extranjeros" y que esa autoridad surge del poder que le otorga la Constitución.
Tres hombres hispanos fueron liberados tras una demanda contra ICE que presentaron grupos proinmigrantes en Virginia, ya que los centroamericanos había recibido con anterioridad una protección contra su deportación a sus países de origen (El Salvador y Guatemala).
Shantal Hernández, quien se encargaba de atender las quejas de migrantes detenidos en San Diego, California, enfrenta un cargo de abuso sexual de una persona bajo su responsabilidad, un delito que conlleva un castigo de hasta 15 años de prisión.