El Quinto Circuito de Apelaciones otorga la fianza para inmigrantes detenidos por más de 90 días en Texas, Luisiana y Mississippi. El fallo judicial establece que la retención indefinida vulnera las garantías constitucionales del debido proceso. Abogados recuerdan que la medida no aplica a nivel nacional y que cada solicitante requiere una evaluación individual para verificar su elegibilidad legal.

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Un nuevo equipo de abogados penalistas y expertos en derechos civiles asumió de forma gratuita la defensa de Karmelo Anthony, el joven sentenciado a 35 años de prisión en Texas por el homicidio de Austin Metcalf, ocurrido en abril de 2025 en una escuela de Frisco. La revisión legal se produce luego de que la corte del condado de Collin diera a conocer gran parte de las pruebas del juicio incluyendo videos y fotografías de la evidencia al público y a los medios.

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Un tribunal federal de apelaciones dictó un fallo que permite al gobierno del presidente Donald Trump reanudar en todo el país el proceso de deportación acelerada. Este mecanismo generalmente se aplicaba a migrantes detenidos poco después de cruzar la frontera.

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Aunque la política impulsada por la administración de Trump sigue vigente por ahora, un tribunal federal concluyó que la prohibición del servicio militar para personas transgénero viola derechos constitucionales

Las solicitudes de revisión de arrestos alcanzaron niveles récord a nivel nacional debido a fallos judiciales que limitan el derecho a fianza para inmigrantes con ingreso irregular. Circuitos de apelaciones emiten sentencias contradictorias en estados como Florida, lo que anticipa una resolución final en la Corte Suprema. Los elevados costos de estos recursos legales, que oscilan entre 8,000 y 40,000 dólares, merman los recursos financieros de las familias afectadas.

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Una r eciente decisión de una corte federal de apelaciones ha dictaminado que los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida tienen derecho a solicitar una audiencia de fianza, lo que pone en jaque la política de detención indefinida sin este derecho.

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