El máximo tribunal estudiará la legalidad de la acción diferida que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes y revisará el caso en 2020, antes de las elecciones presidenciales.

El máximo tribunal decidió que toma el caso para revisar la legalidad de la Acción Diferida de 2012 (DACA), programa que ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados y también les otorga un permiso de trabajo renovable cada dos años.

Cientos de personas celebraron la decisión de la Corte Suprema de bloquear temporalmente la inclusión de esta pregunta en el Censo 2020. La jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, aseguró que esto contribuye a que miembros de estas comunidades no se sientan intimidados a la hora de hacer el proceso de registro. Por su parte, Edgar Saldivar, representante de ACLU, afirma que “esto indica que todas las personas deben ser contadas”.

La polémica pregunta de la ciudadanía fue propuesta por la administración Trump. Sin embargo, la decisión de la Suprema Corte se tomó en base a que la explicación de la administración era insuficiente.

Activistas y algunos legisladores aplaudieron el fallo del alto tribunal a las afueras del edificio de esa entidad. “Tenemos que asegurar que cada persona que pueda votar lo haga”, dice la representante demócrata Verónica Escobar. Por su parte, el presidente Trump escribió en su cuenta de Twitter que le parecía "ridículo" que un gobierno no pueda incluir esta pregunta.

Además del fallo que bloquea por ahora la pregunta sobre la ciudadanía en el Censo de 2020, la Corte Suprema decidió abstenerse de intervenir en el resideño de los distritos electorales y se lo deja a los estados, algo que puede afectar a la capacidad de voto de las minorías.