Mientras el gobierno batalla para revertir la crisis del sistema, que tiene acumulados más de 1.3 millones de casos en la Corte de Inmigración, los encargados de impartir justicia advierten que, mientras sigan descertificados, carecen de poder para emitir decisiones razonadas.

El cambio de política anunciado este sábado se produce después de que el presidente Joe Biden dijera el mes pasado que era “sencillamente incorrecto” intervenir los datos de los periodistas y que el Departamento de Justicia pondría fin a esa práctica durante su gobierno.

El fiscal general adjunto en funciones del Departamento de Justicia, John Carlin, informó a Reuters que el gobierno federal estará dando prioridad a los casos de ataques con ransomware a través de un nuevo proceso, empleado antes para investigaciones de terrorismo.

Paul Allard Hodgkins, que llevaba una bandera de la campaña de Trump el día de la toma del Congreso, admitió su culpabilidad en uno de los cargos en su contra, como parte de un acuerdo que le permitiría reducir considerablemente su eventual condena.

Según el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, en San Antonio hay 56 menores desaparecidos, cinco de los cuales ahora son adultos si todavía están vivos.

El despacho del fiscal general Merrick Garland dio a conocer apenas dos páginas del polémico informe escrito en su momento por funcionarios del exfiscal William Barr, pero prepara una apelación para proteger el resto del documento, que una jueza ordenó publicar por completo.