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Los primeros 17 jueces de inmigración nombrados por Biden fueron elegidos por Trump

El Departamento de Justicia anunció la semana pasada que el gobierno de Joe Biden nombró a los primeros 17 jueces que se agregan a la lista de otros 500 que integran la Corte de Inmigración. La decisión, sin embargo, inquieta a las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
13 May 2021 – 01:32 PM EDT
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Un comunicado emitido la semana pasada por la Corte de Inmigración (EOIR) reveló que el gobierno de Joe Biden nombró a los primeros 17 jueces que se agregan a la lista de otros 500 que decidirán el futuro de poco más de 1.3 millones de casos acumulados, entre ellos cientos de miles de solicitantes de asilo.

La noticia no debería despertar mayor curiosidad, excepto que la totalidad de los nuevos titulares fueron nombrados por el exgobierno de Donald Trump bajo el marco de la política migratoria de 'tolerancia cero'.

Entre los 17 nuevos jueces, se incluye al asistente del jefe de la EOIR y seis jefes de unidad, quienes son responsables de supervisar las operaciones de sus respectivos tribunales de inmigración asignados, detalla el comunicado.

Los 17 nuevos jueces escucharán casos, supervisar al personal asignado a sus salas de audiencias virtuales y tomarán decisiones definitivas, a menos que se presente una apelación formal de acuerdo con el debido proceso.

Tras el anuncio, Greg Siskind, uno de los integrantes de la Junta de Gobernadores de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), escribió en su cuenta de Twitter que “14 de los 17 jueces de inmigración recién nombrados provienen de la fiscalía o de ICE”. Y seguidamente preguntó: ¿Sigue Stephen Miller a cargo”.

Miller fue el principal asesor político de Trump y uno de los principales autores de la política de 'tolerancia cero', una controvertida política que no solo estuvo enfocada en atacar y restringir la inmigración indocumentada, sino también limitar y afectar la inmigración legal a Estados Unidos.

Los perfiles

La mayoría de los 17 nuevos jueces de inmigración trabajó en departamentos y dependencias federales que ejecutan la ley de inmigración, tal como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que durante el gobierno de Trump lideró la fuerza nacional de deportaciones prometida por el exmandatario.

Otros ejercieron como juez en el Ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y en fiscalías estatales. Las biografías no mencionan experiencia con inmigrantes u organizaciones que asisten y defienden sus derechos en Estados Unidos.

"Los 17 nuevos jueces de inmigración a los que se hace referencia en el aviso recibieron sus ofertas condicionales bajo la administración anterior", dijo un portavoz del Departamento de Justicia a The Hill, a pesar de la promesa del presidente Biden de deshacer el daño de su predecesor al sistema de inmigración del país.

El sitio agregó que el equipo de Biden “contrató” una lista de jueces de inmigración seleccionados inicialmente durante la era Trump, un paso que “enfureció” a los defensores que argumentan que la Casa Blanca “no está cumpliendo su promesa de rechazar la configuración del poder judicial de la administración anterior”.

Univision Noticias preguntó la Casa Blanca su opinión sobre los nombramientos. La Administración dijo que no tenía comentarios al respecto.

Por su parte, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) dijo que no hacía comentarios sobre asuntos de personal “como en este caso”.

“Daño tremendo”

Para las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes el nombramiento de los 17 nuevos jueces es un error que debe ser enmendado por la Casa Blanca.

“Creo que fue un fallo tremendo. No prestaron atención y actuaron como si fuera un proceso normal, apolítico”, dice Matt Adams, Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project (Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste -NWIRP-) en Seattle.

“Es obvio que bajo la Administración de Trump estaban proponiendo personas que estaban en contra de los inmigrantes y el fiscal general Merrick Garland, que está encargado de eso, no se dio cuenta que ese grupo de personas no representa la visión y política del gobierno de Biden”, agregó.


Adams preguntó además por qué, “si se dieron cuenta de todo el daño hecho por Trump y no se dieron cuenta de eso”, en referencia a la lista de los nuevos jueces. “Deben hacerse responsables y comenzar a corregir el error cometido”, indicó.

Para Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), “es bueno que estén nombrando jueces para lidiar con el atasco en la Corte de Inmigración, pero creo que el presidente no estaba preparado para lidiar con la crisis”.

“Debe (la Casa Blanca) reconocer que el gobierno de Trump fue muy intencionado en modificar el sistema a través del Ejecutivo y emplear el mismo esmero en revertir el sistema y adoptar las políticas apropiadas”, agregó.

Núñez dijo además que “a la Administración Biden le falta fuerza política. Pensamos que están observando demasiado las encuestas políticas y se están preocupando mas de las elecciones de medio tiempo del 2022 que del programa de inmigración”.

El legado de Trump

Durante el gobierno de Trump el Departamento de Justicia llegó a cabo una serie de modificaciones al sistema de inmigración que afectaron el desenvolvimiento de la Corte de Inmigración.

Entre las políticas de tolerancia cero implementadas desde comienzos de 2017 se cuenta la eliminación de la capacidad de los jueces para cerrar casos administrativamente, una herramienta discrecional que permite a ciertos indocumentados que carecen de antecedentes criminales y llevan tiempo en el país alcancen la residencia legal permanente.

También obligó a los jueces a acelerar los procesos de deportación y estableció una cuota anual de 700 casos por juez, bajo amenaza de despidos si no cumplían el objetivo.

Bajo Trump el gobierno presionó para que el sindicato de jueces fuera descertificado y con ello convertir a todos sus miembros en empleados del Departamento de Justicia bajo el mando del fiscal general.

En otra controvertida decisión, el año pasado el entonces fiscal general, William Barr, ordenó que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) revise nuevamente el los expedientes y determine si “los hechos encontrados por los juez de inmigración satisfacen todos los elementos estatutarios del asilo como cuestión de derecho”.

Abogados consultados por Univision Noticias dijeron en ese momento que la orden apunta a afectar severamente aquellos casos de asilo otorgados a víctimas de violencia doméstica y de pandillas, dos causales que el gobierno de Trump cuestionó y aseveró que no se enmarcan dentro de las cinco causales estipuladas por el Congreso en la ley de 1980 que corresponden a persecución por motivo de raza, religión, sexo, opinión política o pertenencias a un grupo social en particular.

La promesa de Biden

El 20 de enero, fecha en que Biden tomó el control de la Casa Blanca, anuncio un plan de reforma migratoria que, además de ofrecer un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que viven en el país, revertiría la política de asilo en la frontera, aumentaría la seguridad en la frontera y descongestionaría la Corte de Inmigración con el nombramiento de nuevos jueces.

El 2 de febrero el mandatario firmo tres órdenes ejecutivas encaminadas a:


  1. Crear una fuerza de trabajo para la reunificación de familias separadas forzosamente por el gobierno de Trump al momento de pedir asilo en la frontera;
  2. Crear un marco de trabajo integral para ver las causas de la inmigración hacia Estados Unidos y crear un proceso seguro para las personas que buscan asilo; y
  3. Restaurar la fe en el sistema migratorio legal y fortalecer los esfuerzos de inclusión para los nuevos ciudadanos estadounidenses.

Las fuentes consultadas por Univision Noticias dijeron que para alcanzar los objetivos de modernización del sistema y respeto a los derechos de los inmigrantes, el gobierno debe contar con jueces acordes con la política migratoria anunciada por Biden. “Por eso deben rectificar”, reiteró Adams.

AILA dice que el sistema de tribunales de inmigración “sufre profundos problemas estructurales que han erosionado gravemente su capacidad para emitir decisiones justas de manera oportuna, así como la confianza pública en sus resultados”.

“La causa fundamental de esta disfunción es un conflicto de intereses integrado en el propio sistema: los tribunales de inmigración son supervisados por el Fiscal General (AG), que también supervisa a los abogados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) que procesan los casos de inmigración en los tribunales federales. En otras palabras, el fiscal jefe también es el juez superior”, apuntó.

Cuando Trump tomó posesión del cargo, en enero de 2017, la Corte de Inmigración tenía poco más de 525,000 casos acumulados. Biden recibió un sistema con casi 1.3 millones de expedientes en cola para ser resueltos.

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