Varias organizaciones, incluida March For Our Lives Houston, se manifestaron en la sede del representante con el objetivo de pedirle que impulse medidas en contra de la violencia de armas, días después de que 22 personas murieran en la masacre perpetrada en El Paso. Los asistentes a la movilización señalaron que van a estar muy pendientes de las acciones de Crenshaw pues en este año buscará la reelección.

El representante de Illinois habló sobre las ventajas de aprobar una ley, que ha permanecido congelada en el Senado, con la que se podría ayudar a disminuir los tiroteos sin infringir a la Segunda Enmienda. Kinzinger es el primer legislador de su partido en apoyar la restricción del uso de armas luego de los tiroteos masivos del pasado fin de semana en Texas y Ohio.

Tras las balaceras del pasado fin de semana en la ciudad y los tiroteos masivos que acabaron con decenas de vidas en Texas y Ohio, un grupo de activistas latinos y afroestadounidenses piden apoyo para aprobar una ley que detenga la compra ilegal de armas de fuego. La alcaldesa Lori Lightfoot aseguró que este es un “problema de todos” y cuestionó la forma en la que la familia Trump habla sobre esta problemática.

Un grupo de manifestantes, que cada semana se congrega en el 5300 de la Avenida Memorial donde el legislador tiene su sede, le exigen a su representante que impulse reformas para el control de armas, luego de las masacres perpetradas en El Paso y Dayton. Aseguran que es hora de que se reformen las leyes y de que deje de ser tan fácil obtener armas de fuego y de alto calibre.

La organización sin fines de lucro AARP realizó un estudio a nivel nacional que puso en evidencia las altas cifras de pacientes que han suspendido sus medicamentos con prescripción debido a la carga económica que les genera. Por eso, Andrés Castillo, asesor jefe de este colectivo, explicó la campaña que lanzaron en Nueva York para apoyar la iniciativa de la legislatura que busca ofrecer medicinas genéricas importadas más económicas y seguras para los consumidores.

La propuesta, aprobada por la Asamblea Estatal, “pondría un límite de 7% por año, más lo que dice el índice del consumidor”, asegura Elena Popp, directora de Eviction Defense Network. Agrega que, si bien esto es un buen paso, no es suficiente para aliviar la crisis de la indigencia. Además, esto exigiría que los propietarios tengan una causa justa al momento de anular un contrato de renta.