El concilio tiene como tarea votar sobre el edicto que perdonaría multas por más de una década de infracciones a la ley del agua potable. El acuerdo, conocido como 'decreto de consentimiento', incluye una inversión de 2,000 millones de dólares para reparar las estructuras de aguas residuales aumentando el precio de las facturas del servicio para la comunidad.