Bruno Corona, propietario de Pioneer Supermarket, asegura que sus ganancias se ven afectadas por los carritos de comidas que no pagan servicios, renta o impuestos y que pueden situarse en diferentes partes de la ciudad. Ante la posibilidad de que un proyecto de ley amplíe el número de licencias para este tipo de comerciantes, Corona pide que las ventas ambulantes estén distanciadas de las tiendas, supermercados y restaurantes.

Los manifestantes se reunieron este viernes frente a las oficinas del funcionario para exigirle que el proyecto, que permitiría conducir de manera legal a los inmigrantes, sea una de sus prioridades. Una de las asistentes a la movilización entró a las instalaciones para entregar cerca de 7,000 peticiones a favor de que se apruebe la legislación.

Uno de cada cinco estudiantes de secundaria está usando estos dispositivos, alerta la organización Tobacco-Free Kids. Estas cifras preocupan a la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien introdujo una propuesta en la Cámara para destinar 100 millones de dólares a campañas de investigación sobre el tema.

La Asamblea estatal aprobó este miércoles el beneficio para quienes tienen un estatus irregular en el país, sin embargo se prevé que camino en el Senado será un poco más difícil. El abogado experto en inmigración Ezequiel Hernández evalúa los pros y contra de la iniciativa, además las restricciones que debería incluir para proteger a los inmigrantes como el hecho de que la información no se comparta con ICE. También resalta que el examen para obtenerla es algo que no se debe tomar a la ligera.

La medida recibió 86 votos a favor este miércoles y ahora quedará en manos del Senado, donde la victoria se anticipa un poco más difícil por lo cerradas que pueden resultar las votaciones. Activistas y promotores de la iniciativa aseguraron que continuarán luchando para que el beneficio sea una realidad y ampare a más de 150,000 habitantes del estado.

Los asambleístas en Albany anunciaron un acuerdo sobre el paquete de medidas que busca evitar el aumento de alquileres de manera repentina y el desalojo sin una causa justificada. La decisión se produce apenas días de que se venzan las actuales normas que regulan la renta y de ser una realidad podría beneficiar a 2,400,000 personas en el estado.