La propuesta, aprobada por la Asamblea Estatal, “pondría un límite de 7% por año, más lo que dice el índice del consumidor”, asegura Elena Popp, directora de Eviction Defense Network. Agrega que, si bien esto es un buen paso, no es suficiente para aliviar la crisis de la indigencia. Además, esto exigiría que los propietarios tengan una causa justa al momento de anular un contrato de renta.