Los inmigrantes que pidan ayuda al gobierno para curarse del covid-19 no se verán afectados en el futuro cuando pidan, por ejemplo, la green card (residencia legal permanente) o soliciten cualquier otro beneficio, como una extensión del plazo de estadía.

Un panel de tres jueces dictaminó que el gobierno puede implementar la norma vigente desde el 24 de febrero. Pero ello, por ahora, seguirá en suspenso mientras se resuelve otra demanda ventilada en una corte de Nueva York que en julio la detuvo temporalmente por la pandemia.

Tribunal vuelve a revisar caso que involucra a unos 124 menores y sus madres detenidos en tres centros de detención familiares de ICE, quienes demandaron al gobierno por violar sus derechos cuando les rechazaron las entrevistas por miedo creíble en la frontera.

Erik García, quien realiza esta labor para Howard Brown Health, señala que muchos miembros de la comunidad inmigrante son reacios a contestar las preguntas, así sean sobre salud, ya que temen represalias o consecuencias negativas para su futuro en EEUU.

Líderes de diferentes grupos comunitarios aseguran que el presidente Donald Trump y los republicanos “sabotean” el proceso para que inmigrantes no sean contados. La Oficina del Censo de Estados Unidos anunció que la recolección de datos de campo finalizará el 30 de septiembre, un mes antes de lo anunciado previamente.

Una deportación queda registrada para siempre en el expediente de inmigración. Pero en algunos casos, como por ejemplo si el gobierno le envió un citatorio judicial a una dirección equivocada, puede apelar, revertir la orden y seguir el proceso para permanecer legalmente en EEUU.