Un juez federal dictaminó que se examine a todas las personas detenidas y al personal que trabaja en el Centro de Procesamiento de ICE, en Bakersfield, para detectar casos de coronavirus.

La pandemia ha sido una angustia tras otra para Blanca Olivares, una inmigrante indocumentada de California. Sus ahorros se esfumaron, perdió el ingreso que recibía por un pequeño negocio de renta de artículos para fiestas y su familia fue excluida por el gobierno del cheque de ayuda de 1,200 dólares. Ella registró en más de un centenar de videos para Univision Noticias estos seis meses de viacrucis.

Expertos aseguran que los ejecutivos de las empresas Geo y CoreCivic, que administran este tipo de cárceles, han donado grandes sumas de dinero a las campañas republicanas, ya que actualmente tienen contratos multimillonarios con el gobierno federal y no les convendría un cambio de mando. Según abogados, esta situación afecta a los inmigrantes, ya que el fortalecimientos de dicho recintos solo los pone en desventaja a la hora de enfrentar sus eventuales procesos. Más información aquí.

Claudia Rodríguez, funcionaria comunitaria, señala que los padres de niños que cumplen este requisito tienen hasta el 31 de agosto para inscribirse en la página web www.bancodealimentoschicago.org con el fin de seguir recibiendo esta ayuda. Además, como aclara la vocera, no se tiene en cuenta el estatus migratorio del solicitante.

La acusación -que involucra a oficiales de alto rango- indica que varios guardias besaron y tocaron “a la fuerza” las partes íntimas de por lo menos una mujer, una inmigrante indocumentada mexicana que enfrenta una posible deportación la próxima semana.

Los presos en el Centro de Detención de Adelanto han sido rociados con una sustancia química para desinfectar las instalaciones que les ha provocado sangrado nasal, dolores de cabeza y desmayos. Defensores de los inmigrantes denuncian que uno de los que protestaron ha sufrido represalias. ICE rechaza las denuncias.