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Corte de apelaciones revoca fallo sobre la regla de carga pública de Trump, pero seguirá suspendida por ahora

Un panel de tres jueces dictaminó que el gobierno puede implementar la norma vigente desde el 24 de febrero. Pero ello, por ahora, seguirá en suspenso mientras se resuelve otra demanda ventilada en una corte de Nueva York que en julio la detuvo temporalmente por la pandemia.
7 Ago 2020 – 11:46 AM EDT
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Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito revocó (2-1) un fallo emitido por una corte federal de distrito de Nueva York que había detenido la implementación de la regla de carga pública puesta en vigor por el gobierno de Donald Trump el 24 de febrero. Pero la regla seguirá suspendida hasta que el tribunal neoyorquino emita un fallo definitivo.

La decisión revierte la sentencia anterior dictada tras una demanda presentada por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. Esas organizaciones argumentan que la norma “desalienta” a los inmigrantes legales de buscar la ayuda de beneficios públicos, como Medicaid, en medio de la pandemia.

También consideran que frena el uso de cupones de alimentos o asistencia para la vivienda, ayuda que puede afectar en el futuro la petición de beneficios migratorios, como la residencia legal permanente ( green card o tarjeta verde).

“La decisión es una batalla perdida, pero no la guerra”, dijo a Univision Noticias Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa de Maryland, organización de demandó la norma. “Todavía estamos esperando otra demanda en Nueva York que creemos vamos a ganar”, agregó.

Las opiniones

En el dictamen de 113 páginas, el panel indica que la Ley Inmigración y Nacionalidad (INA) advierte que los extranjeros que se conviertan en una carga pública son “inadmisibles" y que la definición del término de su implementación recae en la rama ejecutiva.

Añade que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) buscó, a través del nuevo reglamento, definir "carga pública" como un extranjero que probablemente recibiría ciertos beneficios públicos, incluidos muchos en efectivo y no monetarios, durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses, y que invalidar dicha norma causaría “un daño palpable” a la separación de poderes.

Los jueces también citaron un reciente fallo (5-4) emitido en abril por la Corte Suprema, en el que rechazó una petición para suspender temporalmente la regla. La moción fue presentada para evitar que, en el futuro, sean castigados los inmigrantes que acudan a los hospitales para curarse del covid-19.

El dictamen del máximo tribunal de justicia permitió que el gobierno superara el bloqueo a la aplicación de la regla que habían establecido cortes inferiores. Los cuatro magistrados considerados liberales votaron en contra y los conservadores a favor.

Regla en suspenso

Mientras la corte federal de distrito de Nueva York resuelve la demanda entablada por Casa de Maryland, la nueva regla de carga pública seguirá suspendida a pesar del dictamen emitido por la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, dijo el diario The Washington Post.

La orden de finales de julio prohíbe al gobierno hacer cumplir la regla durante la emergencia nacional de salud pública decretada por el gobierno de Trump en respuesta a la pandemia del coronavirus.

El juez George Daniels, quien preside la corte federal de distrito de Nueva York, dictaminó en julio que los estados y las organizaciones sin fines de lucro que impugnaron la nueva regla –que entró en vigor el 24 de febrero y que permite al gobierno negar la residencia a aquellos que probablemente necesiten beneficios públicos– han proporcionado "amplia evidencia" de que la política disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del covid-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación de la enfermedad.

La mayoría de los jueces del panel del 4º Circuito de Apelaciones, sin embargo, dijo que "independientemente de si uno está de acuerdo o no con la regla, el gobierno está afirmando el interés significativo de no sobrecargar al fisco público [tesorería] al admitir cargos públicos".

La sentencia agrega que la invalidación de la regla socavaría ese interés "debido a la dificultad, si no imposible, de deshacer las concesiones de residencia permanente que tanto el Congreso como el Ejecutivo han encontrado que están en contra del interés nacional".

De qué se trata la regla

La regla final de carga pública, que se publicó el 14 de agosto del año pasado en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) modificó las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y describe la manera en la que esta dependencia federal determinará si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata, o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.

Pero no todos los extranjeros se verán afectados, advierte el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “La regla final exime a ciertas personas, como los titulares de visas "U" y "T", asilados, refugiados y otras categorías”.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes señalan que la falta de información, así como la incertidumbre generada tras el primer anuncio del gobierno, ha tenido impacto en la comunidad.

También denuncian que muchos extranjeros con hijos estadounidenses los han retirado de programas para los cuales califican legalmente por miedo a ser afectados en trámites de legalización futuros.

La regla final iba a entrar en vigor el 16 de octubre del 2019, pero horas antes un tribunal federal detuvo su implementación. Sin embargo, el 27 de enero de este año la Corte Suprema emitió una decisión que tuvo el efecto de levantar todos los requerimientos de la Regla Final, con excepción de Illinois.

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