Eric Vizcarra Reyes murió acribillado el pasado 17 de octubre en un estacionamiento ubicado en la cuadra 1600 de East Belt Line Road en la ciudad de Richardson. El joven trabajaba en jardinería y dejó huérfana a una niña de 2 años. Familiares de la víctima están pidiendo la ayuda de la comunidad para resolver el caso.

Como parte de dicho plan, en el condado de Riverside se inmunizó por primera vez a unos 300 trabajadores del campo en una clínica ambulatoria que el Departamento de Salud local instaló en uno de los terrenos agrícolas del área. Según autoridades, en esta etapa se vacunará también al personal de educación, empleados de servicios de emergencias y personas mayores de 65 años de edad. Más información aquí.

Un lote de unas 8,000 dosis de Pfizer llegó a suelo ecuatoriano para que, tanto en Quito como en Guayaquil, se empiece a vacunar al personal médico que lucha en primera línea contra la pandemia. Según proyecciones del gobierno, para octubre de 2021 ya se habrá inmunizado a un 60% de la población en ese país.

Este funcionario, que actualmente desempeña su labor en el Distrito 38, señala que su principal propósito es “ser un líder” para la Gran Manzana y atender las necesidades de la comunidad menos favorecida, ya que él, según dijo, al ser hijo de inmigrantes tuvo que vivir en carne propia las dificultades que pasan a diario los neoyorquinos trabajadores.

Ezequiel Hernández, abogado especialista, señala que lo alentador en este proceso es que ya fue radicada la propuesta y no se quedó en promesas como ha sucedido en otros gobiernos. Sin embargo, cree que la revisión de dicho proyecto tardará, ya que, en este momento, la nueva administración tiene que atender como prioridad el manejo de la salud en medio de la pandemia y el juicio político contra Donald Trump.

Por medio de un memorando, autoridades informaron que a partir de este 22 de enero y hasta el próximo 24 de abril el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detendrá las deportaciones de ciertos inmigrantes “no ciudadanos” que ya hayan sido ordenadas. El motivo, según se explicó, es “garantizar un sistema de aplicación de la ley de inmigración justo y eficaz”.