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Juicio Político

Con el choque entre la Casa Blanca y el Congreso por el 'impeachment' estalló una crisis constitucional, ¿cómo saldremos de ella?

Dos poderes públicos enfrentados por la investigación de juicio político que lanzó la Cámara de Representantes al presidente Trump. Nadie se mueve de su posición y la Constitución no dice nada sobre cómo resolver el impasse, el primero desde 1974 en los días álgidos del caso Watergate.
10 Oct 2019 – 7:29 AM EDT

Cuando se busca en la Constitución y no se encuentra la guía para resolver los problemas del funcionamiento del Estado se ha llegado a una crisis constitucional.

Eso es lo que está planteado a partir de ahora en Estados Unidos con la negativa del presidente Donald Trump a cooperar con la investigación en marcha en la Cámara de Representantes para su juicio político ordenada a fines de septiembre por la presidenta de ese cuerpo, Nancy Pelosi.

La carta que la Casa Blanca envió el martes a Pelosi y los presidentes de los comités involucrados en la investigación, firmada por el consejero legal del presidente Pat Cipollone, explicando sus razones para la negativa equivale a una declaración de guerra entre los poderes públicos.

“Sus acciones sin precedentes han dejado al presidente sin otra opción”, indica Cipollone en una carta en la que mezcla consideraciones legales con argumentos políticos que no parecen muy ajustados a su función de consejero legal.

La Casa Blanca, a través de Cipollone, se permite calificar la investigación de los representantes de “ilegal”, “inconstitucional” y hasta sugiere que terminen con ella “a la luz de las muchas deficiencias que hemos identificado en sus procedimientos”, algo, esto último, que puede interpretarse como un poder dándole órdenes a otro que se supone que es de su mismo rango según la Constitución.

¿Cómo se resuelve ese choque de poderes?

La Constitución no lo dice y por eso se plantea la crisis, la primera desde 1974, durante el desarrollo del caso Watergate, cuando el presidente Richard Nixon se negó a entregar documentos a la fiscalía especial que lo investigaba.

Aquella crisis se resolvió con una decisión unánime de la Corte Suprema exigiéndole al presidente cumplir con el tribunal que le ordenaba entregar grabaciones y documentos relacionados con conversaciones del presidente con sus colaboradores en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Finalmente, las evidencias que mostraron esos documentos de cómo Nixon estuvo envuelto en el intento de encubrir la operación de espionaje de las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate de Washington el año anterior que llevó a cabo un grupo vinculado con su campaña por la reelección, culminaron la renuncia del presidente, la primera de su tipo en la historia del país.

Estos son los protagonistas del 'impeachment' que acecha a Trump (fotos)

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El Congreso usó datos sacados de las famosas grabaciones que Nixon hizo de sus diálogos con sus subalternos para redactar los artículos de ‘impeachment’, uno de los cuales era obstrucción de la justicia por su negativa a cumplir con las solicitudes de una investigación federal, la que conducía el fiscal especial Leon Jaworski.

En su primera reacción a la carta de Cipollone, Pelosi pareció ofrecer indicios de cómo todo lo que diga y haga la Casa Blanca para evitar la supervisión parlamentaria puede ser usado en su contra.

“El presidente está impidiendo al Congreso obtener los hechos que necesitamos. Es un abuso de poder de él al actuar de esa manera”, afirmó Pelosi.

El tercer poder

El árbitro de un impasse como este entre el Ejecutivo y el Legislativo es el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia que hace la interpretación última de la Constitución y las leyes.

La Corte Suprema marcó el final de la presidencia de Nixon al determinar que, más allá de la razonable expectativa de gozar del “privilegio ejecutivo” el presidente no podía abrogarse un “absoluto, incondicional privilegio presidencial de inmunidad ante procesos judiciales bajo todas las circunstancias”, según se lee en el texto de la sentencia.

La línea parece una respuesta directa de los magistrados al argumento que había presentado ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia el abogado de Nixon James St Clair, quien dijo que “el presidente quiere que argumente que él es monarca tan poderoso como Luís XIV, solo que cuatro años por vez, y no está sujeto a los procesos de corte alguna en el territorio, excepto la del ‘impeachment’”.(Vale decir al Congreso)

El de St Clair puede parecer un razonamiento arriesgado para elaborar ante la Corte Suprema de un país que hacia fines del siglo XVIII se preció de inventar un nuevo sistema político en el que no existiera un monarca todopoderoso como el francés Luís XIV que estuviera por encima de la ley.


Muchos analistas remiten al precedente que deja el caso de "Nixon contra Estados Unidos" como prueba de que la Casa Blanca no puede negarse a cumplir con lo que exija el Congreso en el transcurso de una investigación, pero el presidente Trump plantea un desafió novedoso porque considera que la investigación misma no tiene fundamento legal.

La presidencia opina que el que Pelosi no haya sometido la iniciativa a la votación del pleno, como se hizo con Nixon en 1973 y con Bill Clinton en 1998, hace que sea un procedimiento ilegítimo.

Sin embargo, la Constitución no hace ninguna indicación de cómo debe llevarse a cabo el procedimiento para abrirle juicio político a un presidente y cada legislatura trabaja según sus propias reglas.

Pelosi ha decidido no convocar ese voto en el pleno para evitarse la complicación de un largo debate que le daría a los republicanos una plataforma para condicionar la investigación, como la potestad de convocar testigos en descargo del presidente, algo que se hizo en el proceso a Clinton. Los republicanos aseguran que se está negando el beneficio del debido proceso al presidente.

Como sucedió en el caso de Clinton, eso no cambió el resultado en la Cámara de Representantes, entonces controlada por los republicanos. Al fin y al cabo, solo una mayoría simple es necesaria para aprobar el ‘impeachment’ y pasarlo al Senado, cosa que ahora tienen garantizada los demócratas.

El real juicio político, donde el presidente puede ejercer su defensa y presentar testigos para contrarrestar las acusaciones que aprueben los representantes, se dará en el Senado, si es que la Cámara Alta decide tomar el caso (algo que no está muy claro para algunos, aunque el líder Mitch McConnell haya dicho que honrará una tradición a la que ninguna regla lo obliga).

Mientras tanto el enfrentamiento promete profundizarse. Es seguro que cuando la Casa Blanca no entregue la información que le pida la Cámara de Representantes, los congresistas vayan a los tribunales para que se fuerce al ejecutivo a cumplir con sus solicitudes, como hizo con Nixon.

Como en este caso el argumento de la presidencia es la ilegalidad de cómo fue lanzado el proceso de ‘impeachment’ es posible que entremos en territorios legalmente inexplorados, aunque resulta difícil pensar que las cortes vayan a tomar una determinación que vaya en contra del principio de la igualdad de poderes y la sujeción del Ejecutivo a la fiscalización del Legislativo consagrada desde la fundación de la república.

Lo único que está perfectamente expresado en la Constitución, en el Artículo 1, es que “la Cámara de Representantes (…) tendrá el poder único de ‘impeachment”. Hasta ahí.

Si hemos de interpretar el espíritu de los legisladores podría decirse que querían evitar que el presidente asumiera los mismos poderes del rey británico del que se habían independizado después de una guerra de siete años (1775-1781) por considerarlo despótico y negador de la representatividad popular.

Y justo por eso consagraron al Congreso la tarea de vigilar a los otros los poderes, la función que está siendo desafiada por la Casa Blanca de Trump.

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