La familia de Sergio Hernández, el joven de 15 años que murió en 2010 tras recibir un disparo desde territorio estadounidense, quiere que se le permita demandar en cortes federales al agente responsable por la muerte de su hijo, luego de que un tribunal de apelaciones determinó que como extranjero en México no goza de protecciones constitucionales.

Eran dos cuestiones sobre aborto las que debatió el máximo tribunal este martes: en una dijo que la ley de Indiana de entierro de restos embrionarios tras un aborto puede ponerse en vigor, en la otra dijo que no escuchará argumentos del estado para intentar prohibir abortos en casos de diagnóstico sobre trastorno genético como por ejemplo, el síndrome de Down.

Un juez federal determinó que el Presidente "no puede bloquear" la citación judicial del comité de la cámara baja a Mazars, la firma de contabilidad usada por él y sus empresas. El magistrado indicó que la comisión que busca acceder a la información contable del mandatario cree que esto ayudaría a los legisladores a considerar medidas para fortalecer las leyes de ética y transparencia.

La medida fue aprobada sin problemas en la Cámara de Representantes y el Senado estatal. Esta nueva ley se suma a la de otros estados conservadores que tratan de llevar el aborto ante el Tribunal Supremo para revertir la decisión de 1973 Roe vs Wade que legalizó la interrupción del embarazo.

Los estados conservadores en Estados Unidos han ido aprobando estrictas leyes antiaborto para provocar una batalla judicial que llegue a la Corte Suprema, con la esperanza de revertir una decisión que en 1973 habilitó la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país.

La ley de Alabama, la más restrictiva del país, no es la única iniciativa que busca limitar los derechos reproductivos de la mujer. Cinco estados han aprobado medidas similares y otros planean hacerlo próximamente. Su intención: revertir la emblemática decisión apodada Roe Vs. Wade que declaró el aborto como un derecho constitucional.