Los manifestantes exigen la abolición de dos decretos que, afirman, privatizan la salud y la educación. El gobierno de Juan Orlando Hernández ha llamado al diálogo a los manifestantes, mientras se conoce que fiscales en Nueva York lo nombraron objeto de una investigación relacionada con narcotráfico y lavado de activos desde 2013.

Tras el arresto de un colaborador de Rivera Shatz por presuntos actos de corrupción, Burgos afirmó: “Esto escalará en términos de que se fijen responsabilidades, y se arresten a más personas”.

Ante los señalamientos federales en contra del funcionario, Lori Lightfoot pidió a través de un comunicado que se separe de su cargo. También ordenó una investigación para determinar si otros empleados públicos harían parte del supuesto esquema de corrupción del que lo acusan.

El Departamento del Tesoro agregó al exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval a su lista de personas vinculadas al narcotráfico y ordenó confiscar sus bienes en EEUU. Pero el exfuncionario dice que es víctima de una persecución política, que tiene poco más de 11,000 dólares en sus cuentas bancarias y negó haber estado alguna vez en la nómina de capos.

Federico Arreola, un periodista y empresario que, de acuerdo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, recibió $8 millones del exmandatario Enrique Peña Nieto por contratos de publicidad, cataloga el informe como "una tontería". El comunicador Raymundo Palacio figura con un contrato de $1.6 millones y asegura que se trata de "una persecución que se ha venido dando desde el primer semestre del año pasado durante la campaña presidencial, con un manejo mentiroso y difamador".

Para Isidro Morales, miembro de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, la guerra contra el robo de combustible ha disminuido, pero todavía hay mucho por hacer. Por otro lado, especialistas creen que el problema seguridad y corrupción en el país azteca se ha agudizado en comparación con gobiernos anteriores.