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Estafa y Fraude

Acusan a policías de ayudar a conseguir visas U a indocumentados a cambio de regalos

El Departamento de Justicia alega que los agentes elaboraron falsos reportes policiacos para que inmigrantes sin papeles obtuvieran Visas U (otorgadas a víctimas de crímenes) y por ello recibían computadoras, televisores y consolas de videojuegos. Además, estos oficiales aceptaron sobornos para proteger cargamentos de droga y ganancias de una célula de narcotraficantes.
24 Abr 2019 – 9:18 PM EDT

Las firmas de tres agentes del orden certificaron en un reporte el 25 de julio de 2018 que el migrante indocumentado José Sánchez había sido víctima de un crimen y estaba cooperando con las autoridades para enjuiciar a un delincuente en el condado de Orangeburg, Carolina del Sur.

Con ese documento, el migrante pudo tramitar una Visa U, que se entrega a personas sin papeles que han sufrido lesiones físicas o mentales por un delito y que ayudan a las autoridades a llevar ante la justicia a los delincuentes. Ese alivio migratorio, por ejemplo, se otorga a sobrevivientes de violencia doméstica.

Pero una investigación federal descubrió que Sánchez pagó sobornos para que los tres policías le ayudaran a conseguir ese estatus migratorio. La Fiscalía alega que dichos oficiales le mintieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a cambio de un pago ilegal sui generis, el cual constaba de computadoras laptop, televisores, bocinas portátiles de las marcas Google y Amazon, así como consolas de videojuegos X-Box. Esos artículos los recibieron el 2 de agosto de 2018.

La acusación federal cita por lo menos cinco casos en los que cuatro agentes de la Policía de Springfield y del Sheriff de Orangeburg elaboraron falsos reportes policiacos para que indocumentados obtuvieran Visas U para víctimas de crímenes. No está claro cuánto recibieron en total a cambio de estos 'favores'.

Las autoridades identifican a otros dos migrantes hispanos que habrían sacado provecho de ese esquema fraudulento: Esterban (sic) Rodríguez y Armando Ramírez.

Cuando la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tomó este caso descubrió que el propio jefe de la Policía de Springfield, Lacra Sharod Jenkins, estaba involucrado en este grupo de agentes corruptos.

En total, siete policías locales y dos individuos han sido señalados por la Fiscalía federal en relación con cargos de fraude de visas, conspiración, narcotráfico y armas de fuego.

Otra parte de la acusación asegura que estos oficiales protegieron cargamentos de metanfetamina y cocaína, así como dinero derivado de la venta de droga, que eran transportados en camiones de carga. Tanto los casos de fraude migratorio, como las actividades relacionadas con el narcotráfico, ocurrieron entre enero de 2017 y febrero de 2019, de acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ).

Los señalamientos contra los siete policías fueron anunciados a finales de marzo.

Además del exjefe Jenkins, los otros acusados de fraude de visas son Allan Hunter, de la Policía de Springfield; y Willie Paul David Rogers y Carolyn Colter Franklin, del Sheriff de Orangeburg.

Uno de los implicados que pidieron una Visa U para otra persona es Tarang Patel, quien también ha sido vinculado a la conspiración para defraudar al sistema migratorio y distribuir droga.

El resto de los oficiales mencionados en este proceso penal son Stanley Lavalle Timmons, Nathaniel Miller Shazier y James Albert Tucker, los tres alguaciles de Orangeburg.

Un noveno civil acusado es Saurabhkumar B. Patel, alias 'Sonny'.

Dos oficiales fueron reclutados por narcotraficantes para escoltar sus envíos de droga. Y estos, a su vez, convencieron a sus colegas para que se unieran a su organización delictiva, según documentos judiciales.

Si son declarados culpables los agentes Jenkins, Hunter, Franklin, Timmons, Shazier y Tucker enfrentarían una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal.

Mientras que el oficial Rogers y los civiles Saurabhkumar Patel y Tarang Patel podrían pasar hasta 10 años tras las rejas.

"Si se comprueban estas acusaciones, estos señalados no merecen portar la placa", expresó la fiscal federal Sherri A. Lydon en un comunicado. "No toleraremos la hipocresía de quienes pretenden hacer cumplir la ley mientras ellos mismos la violan tratando de llenar sus bolsillos. A eso lo llamamos corrupción pública y siempre lo llamaremos de ese modo", agregó la funcionaria.

Este caso también estuvo en manos de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la División de Aplicación de la Ley en Carolina del Sur.


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