La inhumación del capitán Rafael Acosta Arévalo, torturado y muerto en instalaciones de contrainteligencia militar, se efectuó en medio de un fuerte operativo de seguridad en un cementerio del este de Caracas, en el que solo se permitió la presencia de la madre y una hermana. "Pareciera que el gobierno está diciendo ‘yo lo maté, yo lo entierro'", expresó su abogado.

El cadáver del uniformado, muerto hace 12 días cuando se encontraba en prisión, fue identificado por su madre. La viuda de Acosta, quien está exiliada en Colombia, denunció que la Morgue de Bello Monte habría incurrido en un procedimiento ilegal al procesar la entrega controlada del cuerpo.

Cuatro presos políticos han fallecido bajo la custodia de los cuerpos de seguridad del chavismo desde 2015 y más de 100 denuncias de torturas fueron registradas en 2018 por las organizaciones no gubernamentales de DDHH en Venezuela, e investigadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El oficial retirado estaba en custodia de la Dirección de Inteligencia Militar, fue capturado sin orden judicial siete días antes y desaparecido, según denunció su esposa. El capitán de corbeta era vinculado a un supuesto plan de golpe de Estado que había manifestado el régimen y por el cual fueron capturados cinco uniformados más. La muerte de Acosta ha generado una condena global, rechazo a las detenciones arbitrarias y la solicitud de una pronta explicación sobre lo sucedido.

La alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, quien recientemente visitó el país sudamericano, se dijo conmocionada por los actos de tortura que presuntamente sufrió el capitán de marina retirado. Además, llamó a las autoridades a esclarecer el caso.

Activistas y opositores denunciaron que el capitán Acosta Arévalo murió tras ser torturado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).