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Sanciones

La Unión Europea impone sanciones a funcionarios venezolanos implicados en la tortura y muerte de un militar bajo custodia

La medida fue contra funcionarios del servicios de inteligencia y de seguridad venezolanos vinculados a la muerte de Rafael Acosta Arévalo en un calabozo. Además, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció la creación de "una misión internacional independiente" encargada de investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos.
27 Sep 2019 – 6:52 AM EDT

La Unión Europea (UE) sancionó este viernes a siete miembros de los servicios de seguridad e inteligencia de Venezuela por "torturas" y por la muerte del militar Rafael Acosta y está dispuesta a adoptar más medidas para fomentar una "transición negociada" en el país latinoamericano.

"La UE decidió aplicar medidas específicas adicionales contra siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia implicados en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos", explicó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en nombre de la UE.

Cuatro de los funcionarios sancionados están "relacionados con la muerte del capitán Acosta", precisó el Consejo de la UE en otro comunicado, en referencia al militar fallecido a finales de junio en un hospital en Caracas por presuntas torturas durante su detención.

A los siete señalados se les congelaron activos y se les prohibió viajar a los países de la Unión Europea.


Según el Diario Oficial de la UE, los sancionados en relación a la muerte de Acosta son cuatro responsables de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM): Rafael Ramón Blanco, Rafael Antonio Franco, Alexander Enrique Granko y Hannover Esteban Guerrero.

La lista incluye a Néstor Blanco, de la Guardia Nacional Bolivariana; a Alexis Enrique Escalona, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro; y a Carlos Calderón, del servicio de inteligencia SEBIN por "torturas" y otras violaciones de derechos humanos. En el caso de Calderón en la prisión del Helicoide.

El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, había solicitado la adopción de estas medidas en julio durante una reunión con sus pares, basándose en el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El informe confirma "de manera clara y detallada el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas", señala el Consejo.

“El impacto regional de la crisis no tiene precedentes, con graves riesgos para la estabilidad regional”, dijo la alta representante de Exteriores del bloque, Federica Mogherini.

La UE está lista para ampliar las sanciones para animar a una transición política y a la celebración de elecciones, agregó Mogherini, añadiendo que estas medidas podrían suavizarse si se registran avances.


Las sanciones se conocen justo cuando Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció la creación de "una misión internacional independiente" encargada de investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y torturas, cometidas en Venezuela desde 2014.

Una resolución, propuesta fundamentalmente por numerosos países del Grupo de Lima (compuesto por una docena de países latinoamericanos y Canadá) y apoyada por la Unión Europea, fue adoptada por el Consejo en Ginebra por 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones.

Con los siete funcionarios señalados, las sanciones impuestas por la UE a raíz de la crisis política y económica en Venezuela afectan a 25 personas.

Entre los altos funcionarios del régimen sancionados anteriormente figuran la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viajar a los países del bloque.

Además del embargo de armas en 2017, los europeos sancionaron un año después a responsables del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo, así como al dirigente chavista Diosdado Cabello.

Los europeos también adoptaron medidas contra responsables o exresponsables de las fuerzas de seguridad e inteligencia, entre ellos el actual ministro de Industria, Tareck El Aissami, a quien acusan de ser "responsable" de "torturas".

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