Un reciente dictamen emitido por una Corte de California le recordó al gobierno federal la vigencia de un acuerdo alcanzado hace 24 años que norma el trato que las autoridades de inmigración deben darle a los menores de edad detenidos en las fronteras y que vienen en busca de asilo.

Bani Francisco Atz vio de cerca la muerte cuando trataba de cruzar la frontera en el desierto de Texas. Cuando llamó a despedirse, su esposa contactó a una organización de Los Ángeles que le salvó la vida.

Grupos defensores de migrantes en Tijuana, han indicado que tienen unas 7,000 solicitudes de asilo, principalmente de personas procedentes de Michoacán que han viajado las casi 3,000 millas de distancia para salvaguardarse de los sicarios y grupos delictivos que a diario los amenazan. "Me sacaron, me quitaron mi casa", dijo Luis Aguilera, uno de los refugiados. Según el sacerdote Juan Diego Mendoza, que ayuda a los migrantes en Tijuana, en el mes de junio unas 120 familias cruzaron con asilo político a Estados Unidos, pero no es la suerte de la mayoría. Más noticias aquí.

En el comunicado de ICE se dijo, además, que con esta medida la administración de Biden muestra el compromiso de construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano. Pero según abogados, la nueva política migratoria no exime que mujeres embarazadas que crucen la frontera puedan ser regresadas bajo el título 42 de Salud Pública. Más información aquí.

Los arrestos se producen a menos de un mes del anuncio del Gobernador Abbott sobre esta iniciativa de su administración.

Activistas proinmigrantes llegan a un acuerdo con ICE que beneficia a indocumentados en centros de detención, y que les permite acceder a una línea caliente mediante teléfonos gratuitos, un servicio que resulta clave para que puedan comunicarse con familiares y asesores legales. El gobierno de Donald Trump les había prohibido el acceso, alegando que hacían mal uso.