El grupo de derechos humanos previene que el Departamento de Defensa no es un proveedor de cuidados infantiles y que las familias detenidas permanecerán encarceladas indefinidamente.

El hispano David Díaz lleva 20 años en una cárcel estatal por un crimen que, según una organización que defiende a reos inocentes, la propia víctima y un testigo, no cometió. Cumple una sentencia mínima de 37 años tras las rejas, pero miles de personas que creen en su inocencia han firmado una petición al gobernador para que lo liberen.

Ubaldo Muñoz, quien trabaja como entrenador de fútbol de 240 niños, fue notificado de que su proceso migratorio fue rechazado y ahora teme que al presentarse a las oficinas de ICE en San Bernardino el próximo 10 de julio lo detengan para deportarlo. Él ha vivido en EEUU desde 1991 y es el único sustento de su hogar.

El acusado, de 42 años de edad, enfrenta cargos por el asesinato del hispano, de 24 años, durante una confrontación que quedó grabada en video. El jurado está conformado por 13 personas, cinco mujeres y ocho hombres, y en cualquier momento podrían dar su veredicto.

En medio de una gran incertidumbre, Nery Mendoza relata que sus sobrinos se encuentran un centro de detención de Nueva York, mientras que su hermana fue traslada a Washington y por esto busca la manera de lograr tener bajo su cuidado a los pequeños. Asegura que se preocupación aumenta con el paso de los días mientras espera el llamado de inmigración.

La indignación embarga a la familia de Walter Ortiz, quien murió tras recibir una puñalada en medio de una acalorada discusión en un complejo de apartamentos de Miami. Aseguran que no se explican las razones por las que el presunto agresor fue dejado en libertad.