La propuesta del gobierno busca negar la residencia a inmigrantes legales que hayan usado beneficios públicos. La fiscal general de Nueva York calificó esta iniciativa como "indignante".

Las acusaciones se basan en presuntos daños a la propiedad y delitos relacionados con las drogas, y el objetivo es que se les prohiba el acceso a ciertas áreas de la ciudad, ante las críticas de organizaciones civiles. En tanto, la población de indigentes ha crecido un 20% en los últimos dos años en el estado.

Una demanda argumenta que la medida viola derechos constitucionales y las leyes que prohíben el suicidio. El gobernador Phil Murphy dijo que defenderá la iniciativa que permite buscar medicamentos para ayudar a morir a pacientes con enfermedades terminales.

Se trata de siete personas, entre ellos indigentes, por ser una molestia pública y es que su presencia contribuye a la venta y compra de drogas, además del incremento de robos la mayoría sobre el corredor de la calle Broadway.

Sobre tres empleados del distrito escolar de esa ciudad pesa una demanda por un hecho ocurrido el pasado 17 de abril en el que a un estudiante de 13 años le marcaron la cabeza para cubrir las áreas rasuradas de un corte de cabello que violaba el código de vestimenta. Dante Trice, padre del alumno, asegura que “las manchas de pintura permanecieron por varios días y él fue víctima de burlas por parte de sus compañeros”.

Activistas en el sur de California argumentan que a estos inmigrantes se les niegan sillas de ruedas, se les aísla como castigo y no reciben revisiones médicas apropiadas.