El presidente informó este sábado que a pedido de los demócratas postergará por dos semanas las redadas con las que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzaría este domingo a arrestar a inmigrantes con órdenes de deportación en 10 ciudades del país.

Los sujetos sometieron a la víctima con una pistola en la cabeza de la víctima y al no poder llevarse el dinero del negocio despojaron al trabajador de su efectivo. Todo quedó grabado y ahora las autoridades piden ayuda de la comunidad para encontrarlos.

Noemi Ramirez, abogada de Inmigración en Los Ángeles, señala que tras el anuncio del presidente Trump de reactivar las redadas de ICE para después de las celebraciones del 4 de julio, la comunidad inmigrante tiene derechos y entre las recomendaciones principales está asegurarse que los agentes cuentan con una orden judicial firmada por un juez y que usted debe verla antes de abrirles la puerta.

Según reportes del Departamento de Seguridad Nacional, en la madrugada del domingo el Servicio de Inmigración y Aduanas comenzará a realizar redadas en 10 ciudades de Estados Unidos. Aseguran que afectarán a unas 2,000 familias. Las autoridades de estas ciudades aseguraron que están del lado de los inmigrantes y que sus policías no colaborarán con las autoridades federales.

María Salinas cuenta que desde muy pequeña acompañaba a su padre al taller que él tenía y que allí aprendió labores como contaduría. Nació en Pomona, pero adoptó las costumbres mexicanas de sus seres queridos. Fue la primera de su familia en terminar una carrera universitaria y en 2018 se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de presidenta de la Cámara de Comercio de Los Ángeles.

La abogada Noemi Ramírez explica que, tras la posible redada de deportaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos contra los inmigrantes indocumentados en varias ciudades del país, es necesario conocer que existen garantías de la ley que cualquier persona puede hacer valer como: el derecho a guardar silencio, a no dar ningún tipo de información, a hablar con un abogado y a no permitir el acceso de la policía a las viviendas o negocios a menos de que el funcionario cuente con una orden judicial firmada por un juez.