Unos 1,500 trabajadores firmaron un documento exigiendo que la empresa no se relacione con las políticas migratorias del gobierno de Trump, después de que se revelara que la compañía tendría un contrato a través de terceros para proveer servicios a USCIS. Se trataría de temas de almacenamiento de datos en línea.

Los contagios habrían comenzado en septiembre de 2018, pero la situación fue revelada recientemente y al menos 898 inmigrantes han sido reportados con la enfermedad. El obispo bautista Juan Carlos Méndez, que ha visitado los centros, asegura que la falta de higiene en estos lugares es la principal causa del brote, favoreciendo la propagación por falta de cuidados, medicamentos y elementos de aseo personal.

La Fiscalía alega que la empleada de varias firmas legales se quedó con más de 181,000 dólares que sus clientes le entregaron a través de cheques y giros postales. Pero en lugar de pagar sus trámites migratorios, ella depositó ese dinero en sus cuentas bancarias.

Varias organizaciones se han unido para proporcionar servicios legales a estos menores, que al no tener la representación adecuada son más vulnerables.

Una experta explica cuándo aplica esta nueva reglamentación y si puede afectar en este tipo de trámites.

Se espera que este fin de semana empezará a aplicar esta nueva política, por lo que expertos señalan algunos consejos para estar preparados.