La abogada de inmigración Jessica Domínguez explicó que el oficial tiene derecho a revisar todas las pertenencias de una persona que ingresa a Estados Unidos.

Tras 17 años en Estados Unidos, esta familia podría ser deportada en cualquier momento porque su petición de asilo fue rechazada. Ellos dicen que nunca han estado indocumentados en el país.

Varios propietarios y administradores de complejos de departamentos se aprovecharon de la situación y, en algunos casos, desalojaron a las familias. Algunos indocumentados, además de haberlo perdido todo por las inundaciones, se quedaron sin un techo donde vivir, no se les devolvió el depósito y les costó volver a conseguir un hogar. Abogados precisan que el estatus migratorio es irrelevante ante problemas en el área civil, por lo cual pueden solicitar asesoría si sienten vulnerados sus derechos.

Magdalena Carrasco, vicealcaldesa de la ciudad, señaló que las palabras racistas afectan la convivencia de la comunidad. Dice que ese tipo de insultos no representan los valores de la comunidad y no serán tolerados.

Los abogados de ACLU y otras organizaciones, con autorización de la corte, están intentando contactar a cientos de padres que fueron afectados por la política de tolerancia cero y les arrebataron a sus niños. La colaboración tiene como objetivo reunificarlos y exigir al gobierno el cumplimiento del debido proceso para que puedan ejercer el derecho de pedir asilo.

ACLU denunció que las agencias de inmigración se coordinaron para atraer de manera engañosa a inmigrantes indocumentados que buscaban el permiso de residencia con el objetivo último de detenerlos e, incluso, deportarlos.