Los expertos Jorge Cancino y Armando Olmedo explican cuáles son los cambios recientes en las reglas de deportación expedita y cómo hasta los turistas que están de paso por Estados Unidos podrían pasar un mal rato si no llevan a la mano la mayor documentación posible para probar que no son inmigrantes.

La maquinaria de captura, procesamiento y deportación de inmigrantes se ha convertido en un negocio lucrativo en el que miles de indocumentados han sufrido abusos, discriminación, maltrato, separación de sus seres queridos y otras atrocidades, en su búsqueda de un mejor futuro en suelo estadounidense. La historia del médico nicaragüense Isaac Molina, quien escapó de su país tras un atentado contra su vida, es realmente conmovedora.

Con pancartas en mano y ataúdes, los manifestantes exigieron que el gobierno deje de utilizar fondos federales para mantener estos lugares en los que, según ellos, los inmigrantes detenidos mueren o son víctimas de serios maltratos. Ante esto, la empresa en cuestión emitió un comunicado en el que aseguró que existe una “narrativa deshonesta” y que nunca ha cumplido un papel en las políticas migratorias del país.

Para los legisladores es un "pago de factura", para el sistema es un negocio, pero para los millones de inmigrantes que vienen a Estados Unidos en la conquista del sueño americano, se convierte en la dolorosa pesadilla que separa a niños de sus padres y los hace víctimas de abusos que no pueden denunciar.

California es el estado con mayor casos de atasco de casos, según un informe. El número de esperas podría ser aún mayor "si se añaden 322,535 casos adicionales que el tribunal dice que están pendientes pero que no se han colocado en la lista de casos activos".

Idahalia Herrera y su hijo estuvieron tres meses en un campamento de Matamoros, México, antes de tomar la decisión de cruzar el Río Grande. Su esposo, quien se encuentra en EEUU, está desconsolado y realiza los trámites para poder repatriar los restos de sus seres queridos a Honduras.