La advertencia asoma cuatro semanas antes de la celebración de una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, programada para el 12 de noviembre, donde los magistrados escucharán los argumentos de los abogados del gobierno, que exigen la cancelación del programa, y de organizaciones que piden mantenerlo vigente, tal y como lo han dispuesto cortes interiores.

La norma, que amenazaba con negar la residencia legal permanente a inmigrantes que utilizan fondos públicos, fue frenada el pasado 11 de octubre. Sin embargo, el abogado de inmigración Haim Vásquez recomienda a las personas no bajar la guardia y consultar a un jurista sobre los posibles escenarios en sus procesos migratorios.

Ante las dificultades que enfrentan actualmente muchos jóvenes inmigrantes, miembros del Rio Hondo College, en el condado de Los Ángeles, participaron en la Semana de Acción a Favor de Alumnos Indocumentados. “Abogamos por sus derechos para que tengan también la oportunidad de seguir sus estudios en una universidad”, dice María, estudiante de este recinto educativo.

El abogado Haim Vásquez asegura que lo que hace esta medida es ampliar y darle 100% de discreción a los oficiales de inmigración para negar la residencia a personas que posiblemente pueden ser carga pública. Agrega que en eso se basaron los jueces porque “es muy amplia, no da la oportunidad y no va al punto”.

La decisión sobre esta medida fue tomada el pasado viernes por un juez. La comisionada de Asuntos Migratorios de la ciudad de Nueva York, Bitta Mostofi, aseguró que “el próximo 15 de octubre no puede entrar en efecto esta regla”. Agregó que entre algunas personas “hay confusión, miedo y eso es algo normal”.

A la mujer le dio un ataque de pánico en el momento del arresto al salir de una playa y uno de los oficiales migratorios se quedó 5 horas con ella en la sala de emergencias.