El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó que existen al menos cinco sobrevivientes guatemaltecos de la masacre de Tamaulipas, México. Estos se encuentran bajo protección, pero sus identidades están bajo resguardo por seguridad de ellos y sus familias.
El gobierno de Joe Biden asegura que debió tomar la medida por el repunte en la llegada de menores no acompañados en momentos en que deben tomar medidas para mitigar la expansión del covid-19.
Aunque algunos solicitantes de asilo bajo MPP han podido completar su registro en la página de ACNUR y ya tienen fecha para una llamada, otros dicen tener trabas y estar desesperados.
Según lo anunciado, se espera que este viernes el gobierno de Estados Unidos comience la primera fase de procesamiento de los solicitantes de asilo varados en México bajo los Protocolos de Protección de Migrantes. Ocurre además en momentos en que las temperaturas están bajo el punto de congelación.
Tras el anuncio del gobierno de Biden sobre una pronta apertura de la frontera para los solicitantes de asilo que están varados en México, distintas organizaciones creen que el gobierno de López Obrador pudo haber hecho más por los migrantes.
La abogada del caso solicitó un permiso humanitario para que Rosa pueda volver a El Paso con un permiso humanitario mientras llega a término su aplicación para una visa U, que es otorgada a víctimas de ciertos crímenes.
La Fiscalía General de Tamaulipas solicitó a un juez del estado órdenes de aprehensión en contra de los 12 agentes sospechosos, a quienes se les acusa de homicidio calificado, abuso de autoridad, abuso de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad.
En Comitancillo, ya han realizado funerales para algunos de los 13 guatemaltecos a quienes sus familias dan por muertos tras la masacre en Camargo, a 40 millas de la frontera. La Fiscalía de Tamaulipas confirmó que dos de ellos eran ciudadanos de ese país, pero aún la Cancillería en Ciudad de Guatemala no ha sido informada de los nombres.
En Comitancillo, un pueblo del suroeste de Guatemala, se preparan para despedir a sus familiares, a quienes dan por muertos aunque aún no han recibido una notificación oficial. Ellos han llegado solos a la conclusión de que sus padres, hijos o tíos no cruzaron a Estados Unidos, como era el plan, porque desde el 21 de enero no han sabido de ellos.
Las autoridades de Tamaulipas presumen que pudieron haber sido asesinados en otra zona y luego quemados en un terreno del municipio Camargo. Mientras tanto, en Guatemala tomaron muestras de ADN para comparar con los presuntos familiares.
ACLU informó que aún quedan 628 niños cuyos padres no han sido hallados. Aseguran que la administración tardó más de un año en compartir la información que permitió reunir a más de 30 familias.
En septiembre, 1,167 fueron regresados al otro lado de la frontera. Pero con el cierre parcial de las cortes de inmigración el tiempo de espera para que ellos puedan tener una audiencia también se incrementa.
Un nuevo informe del Departamento de Seguridad Nacional anticipa un panorama complicado para la frontera entre México y Estados Unidos, por los conflictos entre grupos del crimen organizado y la posible llegada de miles de indocumentados solicitando asilo dada la pobreza de sus países.
El informe que avala el análisis será presentado esta semana en una corte federal. Confirma que hay sectores de la pared que podrían erosionar si no son reparados pronto por las condiciones del terreno y la fragilidad de los materiales utilizados.
Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos dado a conocer este jueves reporta que ni el Departamento de Justicia ni el de Seguridad Nacional notificaron a las agencias implicadas sobre la puesta en marcha de la política de 'tolerancia cero' y que la llevaron a cabo pese a que estas les advertieron de la falta de preparación y del trauma que podía causar en los niños.
Gabriela Duarte perdió su Estatus de Protección Temporal años atrás por hacerle caso a un abogado. Con eso perdió la posibilidad de llevar una vida tranquila en EEUU. Ahora vuelve a estar en riesgo de ser deportada a su país, uno de los más violentos del mundo y donde sabe que no tendrá garantías de nada, ni siquiera de poder mantenerse viva.
La petición sumará esfuerzos a una demanda que la Unión Americana de Libertades Civiles ya había llevado adelante. Esta semana, el mandatario pidió al Congreso otros 2,000 millones de dólares para el muro y más de 3,000 millones de dólares para centros de ICE.
Los arrestos en la frontera sur siguen disminuyendo en lo que va de año fiscal. Sin embargo, el número de adultos mexicanos que tomaron en custodia incrementó 32% en relación con enero del año anterior y esos migrantes ya superan a los centroamericanos que en los últimos años estaban a la cabeza de las aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza.
Todos son ciudadanos provenientes de El Salvador y Honduras que fueron enviados a Guatemala como parte de los acuerdos con los que el gobierno de Donald Trump convirtió en la práctica en 'tercer país seguro' a los mismos territorios de los que huyen estos centroamericanos.