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En 5 días comienza a regir la nueva regla de 'carga pública': esto aconsejan abogados de inmigración

Desde que fue anunciada por primera vez en octubre del año pasado y publicada en agosto “la comunidad cayó presa del miedo, pero el miedo no ayuda en estos casos”, dicen abogados.
10 Oct 2019 – 1:44 PM EDT

Faltando cinco días para que entre en vigor la nueva regla de carga pública del gobierno de Donald Trump, activistas, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y abogados recomiendan cautela, pero sobre todo conocer de qué se tratan los cambios y qué programas no se verán afectados.

“Hay mucha desinformación en la calle”, dice a Univision Noticias Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), en California. “La gente tiene poca información sobre el tema y el gobierno no ha procurado enseñarle a la comunidad qué programas se verán afectados y cuáles no”.

Salas dijo que debido a la confusión generada a partir de agosto, cuando se anunció la regla final, “padres de familia se asustaron y dejaron de llevar a sus hijos al médico ante el temor que, en el futuro, si piden un beneficio de inmigración, se los nieguen y los deporten”.

“Desde este punto de vista es inaceptable”, puntualizó la activista. “Hay poca información. Las organizaciones estamos ayudando en esto y le estamos diciendo a la comunidad que se informe, que tenga claro qué programas pueden usar y qué programas no. Y que cada estado tendrá su propio reglamento”.


No todos serán afectados

El Immigrant Legal Resource Center (ILRC) asdvierte que la nueva regla de ‘carga pública’ “no aplica a solicitudes de inmigración que hayan sido presentadas antes del 15 de octubre del 2019”, y que “muchos inmigrantes siguen siendo elegibles para programas de beneficios públicos y no les debería afectar”.

Entre el grupo de inmigrantes que no serán afectados por la nueva norma se encuentran asilados, refugiados, portadores de la Visa U, Jóvenes Inmigrantes Especiales, portadores de la Visa T, solicitantes de VAWA (víctimas violencia doméstica), y la mayoría de los residentes legales permanentes (green card), indica la organización.

El ILRC añade que “la nueva regla no cambia quién es elegible para programas de salud y beneficios . Inmigrantes que actualmente son elegibles para beneficios públicos permanecerán elegibles”.

Agrega que en el estado de California, por ejemplo, “los niños menores de 21 años y mujeres embarazadas tampoco serán penalizados bajo la nueva regla de carga pública por usar (el programa) Medicaid/Medi-Cal”.

Además, señala, “muchos servicios financiados por el gobierno todavía son seguros para usarse y no causarán ningún daño migratorio” . Entre esos programas se incluyen los almuerzos gratis o con tarifa reducida en las escuelas, ayuda para desastres y el programa de Head Start.


Desde que fue anunciada por primera vez en octubre del año pasado, y la publicación en agosto de la nueva regla, “la comunidad cayó presa del miedo, pero el miedo no ayuda en estos casos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Primero, porque se toman decisiones equivocadas. Y segundo, porque papás con hijos que padecen enfermedades crónicas, como por ejemplo parálisis cerebral, los sacaron de programas que no vayan a sufrir efectos cuando entre en vigor la nueva norma”, explicó.

Gálvez dijo que la lista de programas que no se verán afectados es larga, y recomendó a los inmigrantes “que se informen, acudan a mas organizaciones de ayuda a la comunidad qué les afectará o no en el futuro, o hablen con sus abogados”.

Para Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas, “las preocupaciones también obedecen a que la nueva regla es larga y poco clara”.

“No se sabe todavía cómo la van a aplicar y quiénes se verán afectados. Por eso están asustados desde los ciudadanos naturalizados hasta los inmigrantes que recién llegan a Estados Unidos. Esperamos que con el tiempo conozcamos detalles sobre los procedimientos que emplee el gobierno para entender su aplicación”, apuntó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) activará la nueva regla de ‘carga pública’ a partir del 15 de octubre, a menos que el gobierno la detenga o los tribunales de justicia la congelen.

Pocos días después de ser publicada en el Registro Federal, el fiscal general de California, junto a una decena de otros funcionarios públicos, demandó al gobierno de Trump por “usar la vivienda, la salud y la alimentación” como arma para dañar a los trabajadores inmigrantes de ese estado.

A su vez, un grupo de organizaciones que brindan servicios y asistencia a inmigrantes en Nueva York, presentaron otra demanda en agosto ante una corte federal en contra del gobierno por la nueva regla.

Los demandantes argumentan que la política del gobierno está dirigida a crear un país de blancos y ricos, argumentando que, si entra en vigor, “tendrá un impacto escalofriante en potencialmente millones de familias”.

“Hemos presentado una demanda desafiando la regla de la Administración Trump para ayudar a garantizar que nuestros clientes y todos los inmigrantes neoyorquinos puedan continuar accediendo a los programas de asistencia pública que ellos y sus familias necesitan para prosperar”, dijo el grupo The Legal Aid Society de Nueva York.


De qué se trata

La nueva regla fue anunciada el 13 de agosto. Tras conocerse los detalles de la medida, que forma parte de la política migratoria de tolerancia cero de Trump, abogados dijeron que se trata de un “ataque” a los inmigrantes con papeles en regla, el primero a gran escala del gobierno desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.

La nueva disposición, que entraría en vigor luego de un período de 60 días de comentario público, no solo afectará a los inmigrantes futuros, sino que pone trabas a la inmigración legal al momento de ajustar sus estatus a residentes legales permanentes (green card) y también a sus familiares inmediatos.

De acuerdo con la política anunciada, los inmigrantes legales que utilicen ayudas públicas correrán el riesgo de enfrentar juicios de deportación en caso de que soliciten un cambio de estatus y les nieguen la solicitud bajo amenaza de coinvertirse en una carga para el Estado.

Si entra en vigor, "la nueva regla cambiará fundamentalmente quiénes somos como país, transformándonos de un país que acoge a las personas que quieren esforzarse para mejorar su vida, en un país manipulado para favorecer a los ricos", dijo el National Immigration Law Center (NILC).


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