De acuerdo a un informe que el Servicio de Inmigración y Aduanas presentó al Comité Judicial del Senado, la mayoría de esas liberaciones sin notificar a las autoridades migratorias ocurrieron en California (89 de 142). Dentro de los presuntos criminales que dejaron en libertad había 15 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), pero solo uno de ellos ocurrió en el estado más criticado por el mandatario.

Agentes migratorios ofrecen con más frecuencia el formulario I-407, que con una firma lleva a renunciar voluntariamente a la green card. Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comunicó que los casos de cancelación de la residencia permanente siguen siendo aislados en comparación con los ingresos diarios al país.

El fiscal general Jeff Sessions y el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, podrían haber discutido la decisión del Departamento de Justicia de entregar a tres comisiones del Congreso entre cinco y ocho memorandos que James Comey, exdirector del FBI, escribió luego de cada reunión que sostuvo con Donald Trump. Habrían hablado también sobre el fiscal especial Robert Mueller y Andrew McCabe, subdirector del FBI despedido por Sessions.

Jessica salió de su país debido a amenazas de muerte por parte de pandillas, pero en dos ocasiones le han impedido la entrada a EEUU. La madre de la joven asegura que una deportación significaría una condena a muerte, ya que su esposo fue asesinado en El Salvador por los mismos grupos criminales que tienen amenazada a Jessica. La inminente deportación aún no tiene fecha y la familia pide que "no la manden al cementerio".

La policía de Houston arrestó a Edwin González, de 38 años, después de una detención de tráfico por llevar a su hijo en las piernas y sin cinturón en el asiento delantero del auto que conducía su esposa, Aracelis Saldaña. El alguacil del condado de Harris indicó que González salió de la cárcel después de pagar una fianza de 1,000 dólares y fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Una corte federal de apelaciones de Chicago, Illinois, confirmó una medida que imposibilita a la administración de Donald Trump para retener dinero de subvenciones a las ciudades santuario. La decisión de alcance nacional se da después de una demanda que la ciudad interpuso contra del gobierno y el Departamento de Justicia en 2017.