ICE arrestó a varios indocumentados el fin de semana en el norte del estado, incluyendo a un padre de familia que estaba en el patio de su casa cuando los agentes vinieron por él. Activistas y expertos legales alertan que es parte de una estrategia más amplia que busca intimidar al estado por su política de no colaborar con los agentes federales en la persecución de indocumentados.

Eliana Fernández, dreamer y activista, destaca los beneficios que les genera la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no revisar la apelación del gobierno para cancelar el programa DACA. Entre los más importantes están renovar los permisos de trabajo y no ser deportados.

La máxima institución judicial estableció que tanto los indocumentados o residentes legales con cargos como narcotráfico no califican para una audiencia cada 6 meses como establece la Constitución para los estadounidenses.

El fallo protegerá a los beneficiarios de DACA que, después del 9 de enero, se les revocó o se les revocará su amparo. El juez le prohibió al gobierno revocar dicha afiliación sin proporcionar un aviso previo y una explicación. Y a los que ya la han perdido se les debe restituir.

Miguel Martínez, de 36 años, residente que tuvo un accidente en 2014, se presentó ante las autoridades para pedirles que detengan la inminente expulsión de María del Rosario Pineda, tras una redada en el área de Los Ángeles.

Rosario Pineda supone que inmigración dio con su paradero a raíz de la información personal de un vehículo usado que compró. Su hijo Ernesto ya fue deportado y ahora ella enfrenta el mismo destino. Lo que en realidad le aflige es Miguel, su hijo de 34 años de edad, quien es residente legal, y que vive postrado en una cama por un accidente que lo dejó paralítico. Rosario es quien cuida de él y teme de su futuro si llega a ser deportada.