Funcionario de ICE que robó identidad de varios inmigrantes es condenado a 4 años de prisión

Al menos siete personas fueron víctimas de un exabogado de ICE que falsificó documentos para realizar pagos y comprar artículos. Los afectados enfrentaban procedimientos de deportación. El abogado de un mexicano deportado cuyo proceso revisó ese oficial ahora pide que se reabra el caso.

Rafael Valdez fue deportado a México en 2013. Ahora su esposa Elizabeth y sus dos hijas, las tres estadounidenses, viven con él en Zacatecas.
Rafael Valdez fue deportado a México en 2013. Ahora su esposa Elizabeth y sus dos hijas, las tres estadounidenses, viven con él en Zacatecas.
Imagen Cortesía Rafael Valdez

LOS ÁNGELES, California.– Raphael Sánchez, el abogado de más alto rango en la oficina del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Seattle, encargado de revisar los procesos de deportación en Washington, Oregon y Alaska, fue condenado a cuatro años de prisión por robar la identidad de varios indocumentados para obtener tarjetas de crédito y préstamos. Con ese esquema fraudulento obtuvo más de 190,000 dólares.

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Ahora, el abogado de uno de los inmigrantes que fueron deportados como parte del trabajo de Sánchez espera que esta condena reabra el caso de su cliente, Rafael Valdez, quien desde 2013 vive en Zacatecas. Su esposa y sus dos hijas, todas estadounidenses, se tuvieron que mudar a México para poder estar con él.

Otro funcionario convicto también revisó el proceso de Valdez. Hace dos años, un juez federal condenó a un mes de prisión a Jonathan Love, exasistente de Sánchez en la oficina de ICE en Seattle, por falsificar un documento por el cual un indocumentado quedó exento de un alivio migratorio y enfrentando una deportación. Love inventó una forma para que se creyera que se firmó en el año 2000 y no en 2008, cuando realmente ocurrió, según la acusación federal. Un abogado detectó tal discrepancia y su cliente finalmente recibió una tarjeta de residente permanente en 2014.

"Tanto Raphael Sánchez como Jonathan Love robaron las identidades de los indocumentados, los deportaron y usaron esas identidades para ganar cientos de miles de dólares", dijo Paul Cook, defensor legal de Valdez, quien pide que se vuelva a revisar el caso de su cliente y que este regrese a EEUU.

"Estos dos fiscales privaron a mi cliente mexicano y a otros de un juicio justo, porque ya habían decidido en sus mentes que era mejor separar familias a través de la deportación que mirar cada caso de manera justa y objetiva", agregó Cook.

Según el relato de este abogado, Sánchez y Love no aceptaron que Valdez permaneciera al lado de su familia en Washington y cree que este también fue víctima del esquema corrupto en que el ambos participaron.

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Valdez, convicto por conducir bajo los efectos del alcohol, fue expulsado a México en septiembre de 2013. Hace tres años su esposa, Elizabeth, nacida en Washington, se mudó a Zacatecas con sus dos hijas, de 5 y 10 años, para que la familia estuviera unida. Ella es azafata de una línea aérea en EEUU y al terminar su jornada laboral cruza la frontera para estar con su esposo e hijas.

"El gobierno de Estados Unidos debe reabrir todos los casos en los que Sánchez deportó a alguien y dejar que cada uno de los deportados tenga un juez que reexamine cada uno de sus casos", pidió Cook. "Sánchez solo los deportó por dinero", agregó.

Entre tanto, su cliente espera que las condenas contra estos exfuncionarios de ICE le permitan regresar al país que era su casa. "Merezco otra oportunidad", dijo en una entrevista con Univision Noticias. Su esposa, Elizabeth, comparte ese anhelo: "Espero que no sea muy tarde para nosotros y para otros; para que se rectifiquen los casos", señaló ella.

Cómo funcionaba su estafa

Rapahel Sánchez, quien tenía la autoridad para deportar indocumentados en tres estados de la costa oeste de EEUU, sacó provecho de su cargo para obtener indebidamente decenas de miles de dólares de estos. En febrero el exoficial federal se declaró culpable de usar las identidades de distintos inmigrantes para defraudar a compañías de tarjetas de crédito.

Este jueves, un juez federal en el estado de Washington lo condenó a cuatro años de prisión federal y a pagar más de 190,000 dólares para restituir el daño monetario.

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"La corrupción no será tolerada", dijo la principal asesora legal de ICE, Tracy Short. "Nuestros empleados están sujetos a los más altos estándares de conducta profesional. Las personas que violan la confianza del público enfrentarán consecuencias por sus acciones, como lo hizo Sánchez", agregó la funcionaria.

Según documentos judiciales, Sánchez, quien era el jefe de la Oficina de Asesoría Legal de ICE en los estados de Washington, Oregon y Alaska, ideó un plan para defraudar a por lo menos siete inmigrantes que enfrentaban distintas etapas en sus procedimientos de deportación.

Para esto usó la información personal de sus víctimas y así obtuvo tarjetas de crédito y préstamos. Además, manipuló sus datos en el departamento de crédito para realizar pagos y comprar varios artículos en páginas de ventas por Internet, como Amazon.

En total, este hombre obtuvo más de 190,000 dólares de manera fraudulenta.

En su declaración de culpabilidad admitió que obtuvo la información de los afectados a través de las bases de datos de ICE y documentos migratorios impresos. También utilizó su computadora de trabajo para falsificar tarjetas de seguro social y licencias de manejo de Washington.

Con estos, tramitó las tarjetas de crédito y abrió cuentas bancarias en las que registró su domicilio. Incluso falsificó cobros de servicios públicos para enviarlos como prueba de residencia, creó el correo electrónico y abrió cuentas financieras en internet en nombre de sus víctimas. En un caso, elaboró una declaración de ingresos financieros falsa y registró un auto en nombre de una inmigrante.

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Para ocultar su esquema fraudulento, Sánchez usó servicios de monitoreo de crédito y se comunicó con agencias financieras. Por si fuera poco, este exfuncionario de ICE reclamó a tres indocumentados como dependientes en sus declaraciones de impuestos entre 2014 y 2016.

No está claro cuál es la situación legal actual de todas sus víctimas.

"A Raphael Sánchez se le encomendó la honesta supervisión de la aplicación de las leyes de inmigración de nuestro país. En cambio, abusó de esa confianza y usó su cargo en ICE para explotar a sus víctimas y llenarse los bolsillos", expresó el fiscal federal John Cronan.

Este caso fue investigado por la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la unidad de inspección del Servicio Postal de EEUU.

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