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Visas

Piden al gobierno de Trump que proteja a indocumentados que denuncian delitos violentos

Human Rights Watch advierte que el gobierno de Trump “ha retratado a los inmigrantes como delincuentes y una amenaza para la seguridad pública” y no reconoce el aporte de miles de indocumentados que han ayudado a investigar y procesar delitos.
3 Jul 2018 – 2:35 PM EDT

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió este martes al gobierno de Donald Trump que garantice la seguridad de los inmigrantes indocumentados “que tienen el valor suficiente de denunciar delitos” y sepan que “pueden acudir a la policía sin temor a ser deportados”.

Tras la publicación del informe titulado “Immigrant Crime Fighters: How the U Visa Program Makes US Communities Safer” (“Los inmigrantes que combaten el crimen: cómo el programa de visas U hace más seguras las comunidades de EE.UU.”), el grupo indicó que el Congreso “debería preservar y ampliar las disposiciones de la Ley sobre Violencia contra la Mujer (VAWA) que permite a inmigrantes indocumentados denunciar de manera segura un delito”.

HRW dijo que la visa U, creada con un fuerte apoyo bipartidista como parte de la Ley de Protección a Víctimas de Trata de Personas y Violencia del año 2000, “abre un camino para que las víctimas de delitos que cooperan en las investigaciones de delitos graves puedan solicitar estatus legal en Estados Unidos”.

El programa está pendiente de ser evaluado este año y las organizaciones y grupos pro-inmigrantes temen que al final de la revisión pueda ser eliminado o restringido, como ha hecho el gobierno de Donald Trump con otros beneficios, entre ellos la Acción Diferida de 2012 (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS).

La Visa U fue concebida para ciertas víctimas de abusos, como abuso doméstico o infantil, y brinda ayuda a los organismos de orden público y agentes del gobierno en la investigación y persecución de actividades criminales.


Discurso antiinmigrante

En el informe, elaborado sobre la base de entrevistas con agentes del orden público en cinco estados, y también con abogados de inmigración y víctimas de delitos, resalta casos de inmigrantes indocumentados que valientemente comparecieron ante la justicia para ayudar en investigaciones de violaciones, robos e intentos de asesinato.

La organización advierte que el gobierno de Trump “ha retratado a los inmigrantes indocumentados como delincuentes y una amenaza para la seguridad pública”, recriminando que “poco se ha dicho sobre los numerosos inmigrantes indocumentados que han asumido grandes riesgos para ayudar a las fuerzas del orden público a investigar y procesar delitos”.

“Los inmigrantes que arriesgan sus vidas, sus familias y sus trabajos para asegurarse de que los delincuentes violentos son llevados ante la justicia merecen protección”, dijo Sara Darehshori, asesora legal sénior del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Las comunidades estadounidenses son más seguras porque ellos están aquí”, precisó.


Ayuda efectiva

En el in forme “Los inmigrantes que combaten el crimen: cómo el programa de visas U hace más seguras las comunidades de EE.UU.”, Human Rights Watch señala que el Congreso reconoció que los delincuentes pueden silenciar a las víctimas inmigrantes amenazándolas con la deportación si acuden a las autoridades en busca de ayuda.

“La Visa U se creó para garantizar que las leyes de inmigración no se usen para obligar a mujeres y niños a soportar abusos por temor a ser castigados si presentan una denuncia ante las autoridades”, detalla el estudio. “Más tarde fue ampliada para incluir 28 delitos, entre ellos el asesinato, la agresión sexual y la trata de personas”.

Los investigadores de HRW indican que la aplicación de la ley “depende de la información procedente de todos los miembros de la comunidad, ciudadanos, autorizados y no autorizados, para mantener la seguridad pública”.

“La policía y los fiscales destacaron a Human Rights Watch que la Visa U es esencial para garantizar que todos en la comunidad se sientan cómodos denunciando delitos y participando en procesos de justicia penal”, se lee en el estudio.

El libro ‘Inmigración: las nuevas reglas, una gruía de Univision’, explica que la Visa U contempla delitos tales como: acecho, agresión sexual, chantaje, manipulación de testigos, mutilación genital femenina, contenido sexual abusivo, toma de rehén, trabajo forzado, trata humana, agresión con arma, asesinato, secuestro, incesto, obstrucción de la justicia, perjurio, tortura, trata de esclavos, violación, detención ilegal, prostitución, violencia doméstica, explotación sexual, rapto, extorsión, restricción ilegal criminal, fraude en contratación de mano de obra extranjera, servidumbre involuntaria, homicidio involuntario y otros crímenes.


Argumentos favorables

El informe incluye además testimonios de agentes encargados de hacer cumplir la ley, quienes dijeron a HRW que ven la Visa U una herramienta fundamental para garantizar una mayor seguridad pública”.

Sin embargo, advierten, “sólo hay 10,000 visas U disponibles cada año y el volumen actual de casos pendientes significa que la espera de una visa podría ser de siete años o más, tiempo durante el cual la víctima del delito podría estar en riesgo de ser deportada”.

En los últimos años, críticos de la política de inmigración vigente, entre ellos el gobierno de Trump, afirman que la visa se usa de manera fraudulenta. Pero HRW subraya que no hay evidencia disponible públicamente que tienda a indicar que este sea un problema significativo.

“Sin la seguridad que brinda la Visa U, algunos inmigrantes temerán acudir a las autoridades para denunciar incluso los delitos más atroces por temor a ser separados de sus familias”, dijo Darehshori. “Si la demora es demasiado larga y los solicitantes corren el riesgo de ser deportados, el valor de la visa se verá disminuido. El Congreso no sólo debería preservar el programa, sino también acabar con los retrasos”, precisó.


La Visa U

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) explica que la Visa U (de No-Inmigrante) está reservada “para las víctimas de ciertos crímenes, que han sufrido abuso físico o mental, y brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o prosecución de actividades criminales”.

Agrega que el Congreso creó esta visa “mediante la aprobación de la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas y Violencia (incluyendo la Ley de Protección de Mujeres Inmigrantes Abusadas) en octubre de 2000”.

Señala además que la ley está dirigida a “fortalecer la capacidad de las agencias del orden público para investigar y procesar judicialmente los casos de violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de extranjeros y otros crímenes, a su vez que protege las víctimas de los crímenes que han sufrido abuso mental o físico sustancial producto de dichos crímenes y están dispuestas a ayudar a las autoridades del orden público en la investigación y prosecución de la actividad criminal”.


Historia de la Visa U

La primera cuota de Visas U se entregó a finales de 2007, casi ocho años después de que el Congreso creara este beneficio migratorio para víctimas de crimen y violencia doméstica. El permiso permite permanecer y trabajar en Estados Unidos por tres años al término de los cuales el beneficiario tiene derecho a solicitar la residencia permanente.

Uno de los primeros beneficiados con la Visa U fue el inmigrante salvadoreño José Suárez, un residente del área de la Bahía de San Francisco que fue víctima de robo en 2007. Suárez fue severamente golpeado durante un asalto en San Mateo, California. Su testimonio permitió a las autoridades capturar al agresor quien fue juzgado y sentenciado.

Suárez recibió la protección por colaborar con las autoridades y, a cambio, pudo legalizar su permanencia en Estados Unidos.

Gálvez dijo que el depredador de la niña Pérez fue detenido y sentenciado. La señora Blanca recibió la residencia legal permanente, “pero su matrimonio se quebró”, dijo el abogado. “Son víctimas de un crimen terrible que los marcó para toda la vida”.

La USCIS dijo que al 2 de mayo de 2018 había 201,279 casos pendientes de resolución de Visa U. A finales del año fiscal 2017 el número de casos pendientes era de 190,361 y en 2016 había 150,604.

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017 (primer trimestre del año fiscal 2018), la USCIS registró 8,823 peticiones nuevas, aprobó 2,818 y rechazó 472.

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