Evelia Romero lleva viviendo 30 años en EEUU y ha tratado de solucionar su estatus migratorio por medio de su hija que es ciudadana estadounidense, pero no ha sido posible. Ante las amenazas del mandatario de realizar operativos y deportaciones masivas en los próximos días no encontró otra opción que resguardarse en el templo. Grupos proinmigrantes recomiendan a la comunidad no vivir con temor, sino estar informados sobre sus derechos.

A través de una carta, firmada por 21 extrabajadores de cinco clubs propiedad del presidente, solicitan el encuentro para pedirle que le ponga fin a las deportaciones. "Queremos conversar con él, que se acuerde quiénes somos", asegura Sandra Díaz, una de las inmigrantes del grupo que tiene la esperanza de que su antigua cercanía con Trump sea un factor para que acceda al encuentro.

El temor de los inmigrantes indocumentados a ser detenidos en sus puestos de trabajo hace que no asistan a sus lugares de empleo, lo cual ocasiona pérdidas y retrasos en la producción de varias empresas y negocios. El presidente anunció el lunes que los operativos contra migrantes, con los que amenazó el mes pasado, empezarían después del 4 de julio.

El mandatario también se refirió a la pregunta de ciudadanía en el Censo 2020, dijo que "estamos pensando en una orden ejecutiva" para poderla incluir. De acuerdo a organizaciones proinmigrantes, el forzar la introducción de este cuestionamiento en el registro nacional generaría que más de nueve millones de personas no participen, lo que representaría menos dinero en programas federales y menos representación política para los hispanos.

La medida se implementaría en los tribunales donde se realizan las primeras audiencias de deportación y los traductores serían reemplazados por videos que les indiquen a los inmigrantes cuáles son sus derechos. Sin embargo, ya el plan ha despertado reacciones contrarias.

El desprecio hecho por el presidente Donald Trump, el miércoles, por las criticas al trato que reciben los menores migrantes en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza recibió el rechazo de varios abogados, quienes dijeron que los comentarios van en contra de lo que estipula el Acuerdo Judicial Flores de 1997.