El abogado Ambrosio Rodríguez dice que es una manera de ponerle impuestos a los pobres. El asambleísta Robert Bonta y el senador Bob Hertzberg trabajan en un proyecto para proveer garantías a los imputados a través de programas de supervisión mientras esperan su cita en la corte.

El gobierno dio a conocer nuevas cifras de personas en las cárceles federales del país, y resalta cuántos de ellos son extranjeros. Pero, de acuerdo con activistas, no explica cuántos están presos sin haber cometido delitos, y esto altera los números de manera negativa.

27 hombres buscan dejar su pasado y ahora hacen parte de este programa que es dictado por Carmen Padilla y que es implementado por primera vez en una prisión.

Por su baja estatura, el capo mexicano estaría teniendo problemas para revisar los papeles que su abogado le presenta en la ventanilla de la prisión en Nueva York. La silla elevada le serviría para poder ver sin ponerse de pie. Hay controversia porque esta concesión es considerada por muchos como un trato especial.

Según datos oficiales, la mitad de los casi 17,000 detenidos en la cárcel del condado tiene que permanecer tras las rejas para esperar la cita en corte, independientemente de si son culpables o no, porque no cuentan con los recursos para pagar la fianza que les imponen. Encima, las comunidades tanto afroamericanas como hispanas tienden a tener porcentajes más altos en estos cobros.

Esta instalación de ICE en Adelanto, San Bernardino, a unas 80 millas al noreste de Los Ángeles, es administrada por Geo Group Inc, la segunda compañía privada de prisiones más grande del país. Más de 1,800 inmigrantes esperan por audiencias o una eventual deportación en este centro de detención, el más grande de California.