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El crimen desciende en EEUU, pero la población en las cárceles sigue creciendo

Desde 1983, las poblaciones de presos se han duplicado en dos tercios de los estados y se han triplicado en una docena de ellos.
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8 Jun 2017 – 4:01 PM EDT

Para hablar de reducir la población en cárceles, hay que saber que la mayor parte del encarcelamiento ocurre en cárceles locales. Después de llegar a su punto máximo en 2009, los índices de encarcelamiento en prisiones federales han bajado, aunque, bajo el fiscal general Jeff Sessions, esto quizás cambie. Por lo general, los índices de encarcelamiento en prisiones estatales han bajado 'moderadamente' —según indica el Sentencing Project— y algunos estados hasta pueden ostentar de disminuciones por dos cifras desde principios de este siglo.

Sin embargo, las poblaciones de cárceles de ciudades y condados se han estado disparando. Desde 1983, las poblaciones de presos se han duplicado —cuando menos— en aproximadamente dos tercios de los estados y se han triplicado en una docena de ellos.


Crecimiento de la población carcelaria entre 1983 y 2013 por estado (Prison Policy Initiative).

Un nuevo reporte de la Prison Policy Initiative (Iniciativa de Políticas Carcelarias o PPI por sus siglas en inglés) examina las razones detrás de este crecimiento explosivo. Lo que quizás no sorprenda es que no está impulsado por el crimen. En todo el país los índices de crimen han descendido a lo largo de las últimas décadas, al igual que los índices de condenas en los tribunales. ¿Entonces por qué siguen creciendo enormemente las poblaciones carcelarias?

Básicamente es una cuestión de dos factores, según explica PPI: ha aumentando la cantidad de personas detenidas por asuntos que hay que resolver antes del juicio. El segundo factor es que las autoridades federales y estatales han estado usando cárceles locales cada vez más para albergar a sus reclusos junto a los prisioneros locales. Según indica el reporte, sólo un tercio de los que están en cárceles locales se encuentran ahí porque realmente han sido condenados por un crimen.

Es particularmente inquietante que las autoridades carcelarias locales hayan estado prestando camas a los alcaides de los sistemas de presiones federales y estatales, dado que este sistema convierte al encarcelamiento en una especie de empresa adicional. Es decir, incluso si el crimen está bajando, los alguaciles y directores de cárceles de los condados pueden justificar la expansión de estos centros locales de detención al tomar en cuenta el tráfico de reclusos proveniente de sus socios estatales y federales. Cuando se investiga por qué Louisiana se convirtió en la capital mundial del encarcelamiento, uno pensaría que se debe al hecho que allá el crimen está fuera de control. Pero no es así.

“El fenómeno es más visible en Louisiana, donde el estado mayormente ha tercerizado la construcción y la operación de prisiones estatales a los alguaciles individuales de los distritos”, dice el reporte. “Un poco más de la mitad (52%) de la población de reclusos del estado está albergada bajo contratos con cárceles locales; y, como resultado, dos tercios (un 67%) de las personas en cárceles de Louisiana no son ‘reclusos tradicionales’. A diferencia de otros estados, el boom en la construcción de cárceles en Louisiana parece ser totalmente alimentado por la búsqueda de contratos dentro del sistema estatal de prisiones”.

El llamado del fiscal general Jeff Sessions de aumentar agresivamente las persecuciones de violaciones de leyes sobre drogas e inmigración indudablemente ayudará a seguir impulsando ese crecimiento. El reporte nota que Inmigración y Control de Aduanas arrienda aproximadamente 15,700 celdas al año para detener a personas que quizás estén enfrentando la deportación: de nuevo, se trata de personas que no han sido condenadas por crímenes, sino son sospechosas de los mismos. El Cuerpo de Alguaciles de EEUU alquila otras 26,200 celdas de cárceles locales.

Incluso muchos de los que han sido encarcelados por verdaderas condenas criminales probablemente hayan caído allí debido a fallos en el sistema de atención sanitaria o porque se descompusieron otras redes de seguridad social. El reporte encuentra que un 65% de los que están encarcelados en cárceles locales tienen trastornos de drogadicción, mientras que otro 15.3% de los encarcelados reportan estar sin techo.

Para vaciar a las cárceles, PPI recomienda que los estados creen programas de apoyo comunitario basados en el tratamiento para los delincuentes de bajo nivel que hayan cometido crímenes relacionados con las drogas. De tal modo, realmente podrán obtener rehabilitación en lugar de castigo. Pero les costará trabajo a los estados el financiamiento de esto, ya que el presidente Trump ha abogado por cientos de millones en reducciones presupuestarias para la prevención del abuso de drogas y subvenciones para el tratamiento de drogadicción para los estados.

Otra recomendación: las ciudades y los estados pueden organizar programas para ayudar a las personas a navegar las reglas y horarios laboriosos del sistema de justicia criminal en cuanto sean arrestados y detenidos por un crimen. El reporte también recomienda que los jueces dejen de imponer fianzas en efectivo y sanciones basadas en multas de tribunales que mantienen encarceladas a las personas antes de que hayan sido halladas culpables de cualquier cosa. Con frecuencia s e exacerba la detención previa a juicios y se extiende más de lo necesario porque la gente no tiene dinero para pagar fianzas o porque no han aparecido en citas en tribunales, cumplido con órdenes de comparecencia o han malinterpretado instrucciones de los tribunales. La ciudad de St. Louis ha tratado de abordar estos problemas al inaugurar una nueva aplicación web llamada YourStLouisCourts. La app ayuda a las personas a mantenerse al tanto de multas y documentos para tribunales y envía recordatorios mediante mensajes de texto sobre futuras citas en los tribunales.

En cuanto al sistema de fianzas que se pagan en efectivo —el cual históricamente ha mantenido a la gente pobre encarcelada por ninguna otra razón menos ser pobre— a lo mejor se les obligue a las ciudades y estados a ir cambiando de este sistema. El 18 de mayo el Southern Poverty Law Center (Centro Sureño para la Defensa Legal de los Pobres) y la American Civil Liberties Union (Unión de Libertades Civiles de EEUU) entablaron una demanda contra Randolph County, Alabama de parte de una mujer embarazada que fue encarcelada porque no podía pagar una fianza de 7,500 dólares que fue impuesta después de que se le acusó de falsificar un cheque por 75 dólares. El propósito de la demanda es hacer que el condado les ponga fin a las prácticas de detención basada en la riqueza.

Equal Justice Under the Law es una organización legal sin fines de lucro que ya ha tenido éxito en ponerles fin a tales prácticas en siete condados y ha entablado acciones legales en nueve otros estados. Y cabe notar que no toda la reforma del sistema de fianzas está ocurriendo bajo la amenaza de una demanda. Por ejemplo, en Nueva Jersey en enero 2017 una ley se hizo vigente que reduce considerablemente la cantidad de tiempo en que se detendrá a la gente en la cárcel antes del juicio. Lo reduce al evaluar con mayor precisión el riesgo que el acusado presenta para la seguridad pública y su capacidad de poner fianza.

Así lo explica el consejo editorial del New Jersey Law Journal (Revista Legal de New Jersey): “Antes de que se aprobara la ley, los jueces —quienes estaban actuando de buena fe— tenían poca información más allá de un registro en computadora de anterior actividad criminal y la naturaleza del delito para usar [ambos] como base para determinar la cantidad de fianza. Ahora casi inmediatamente los jueces de la Corte Superior —en no más de 48 horas, incluso en los fines de semana— tomarán decisiones en cuanto a la liberación o la detención, no en un vacío sino con la recomendación de empleados capacitados de servicios prestados antes del juicio que preparan una ‘Evaluación de Seguridad Pública’, un ‘Reporte Preliminar del Incidente’ que redacta el agente quien efectuó la detención y un afidávit de prueba suficiente. El objetivo es liberar a un acusado con las condiciones menos restrictivas sin que se sacrifique la seguridad pública”.

Nueva York ha estado persiguiendo agresivamente la reforma del sistema de fianza para también ayudar a los acusados indigentes. Si estas tendencias locales se mantienen, entonces a lo mejor EEUU finalmente hará una mella significativa en su problema de encarcelamiento masivo al abordarlo donde más importa.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com, como parte de nuestro proyecto “The Presence of Justice” el cual es apoyado por una subvención del Safety and Justice Challenge de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur.


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