El cierre de los restaurantes, hoteles y la suspensión de los cruceros, entre otros, han dejado sin demanda a las cosechas. En otros casos, los campesinos temen ir a recogerlas, y contagiarse con el covid-19.

Gracias a las donaciones de granjeros y la ayuda de voluntarios, Farm Share se asegura de que los productos lleguen a los hogares de millones de familias afectadas por la pandemia. Un esfuerzo que comienza en el campo y termina en manos de los más necesitados.

El gobernador firmó una orden ejecutiva para que las personas que trabajan en la agricultura, la distribución de comida, supermercados y restaurantes de comida rápida reciban su sueldo si llegan a enfermarse del coronavirus o deben dejar de trabajar debido a un posible contagio.

Al menos 36 representantes que conforman el Caucus Hispano del Congreso realizaron una petición a los líderes de la Cámara, para que incluya protecciones a los trabajadores agrícolas dentro de una eventual nueva legislación relacionada con el coronavirus.

Campesinos que llevan tres temporadas podrán seguir trabajando sin necesidad de abandonar el país. Y no les tomarán huellas digitales porque la USCIS usará los registros anteriores.

La mayoría de quienes viven en Immokalee, una población agrícola de aproximadamente 25,000 habitantes, son mexicanos, guatemaltecos y haitianos. Aseguran que están tan olvidados por parte de las autoridades que ni guantes ni mascarillas encuentran. "La comunidad aquí camina, no tienen autos. Si alguien sale infectado tendría que ir a una hora de distancia" para recibir atención médica, asegura Nataly Rodríguez, una activista del área.