La reforma migratoria de Trump no termina con la política de 'tolerancia cero' en la frontera

Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente ha ido construyendo una plataforma migratoria basada en sus promesas de campaña que tienen como objetivo, entre otros, construir el muro en la frontera con México y poner en el banquillo a la mayoría de los 11 millones de indocumentados.
2 Ago 2018 – 11:56 AM EDT

La separación de familias en la frontera con México implementada entre el 5 de mayo y el 9 de junio como parte de la política de 'tolerancia cero', no es el fin de la estrategia del gobierno de Donald Trump. Se trata solo de un paso más dentro un severo plan que el presidente prometió a sus electores en la campaña y que, para mal de unos y bien de otros, no ha sido implementado en su totalidad porque el Congreso no le ha autorizado los fondos necesarios.

Trump quiere más y va por todo el paquete de su reforma migratoria. Y parece no importarle lo que diga o piense el Partido Republicano. Sus compromisos parecen estar por encima de los ideales, por ejemplo, mostrados en 1986 por el entonces presidente Ronald Reagan, cuando promulgó una reforma migratoria que legalizó a cerca de 3 millones de indocumentados, la mayoría de ellos originarios de México.

Treinta y dos años más tarde el discurso es complemente distinto. "Debemos tener seguridad fronteriza, deshacernos de (la inmigración en) cadena, la lotería de visas, el catch and release, las ciudades santuario; ir a la Inmigración basada en Méritos. Proteger a ICE y a las autoridades policiales y, por supuesto, continúe construyendo ¡pero mucho más rápido, EL MURO!”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter el 30 de julio.


El golpe más reciente

El 5 de mayo y tras varios anuncios previos hechos por el fiscal general, Jeff Sessions y el propio Trump, el gobierno comenzó a separar forzosamente familias que llegaban a la frontera en busca de asilo en Estados Unidos.

Si bien no existe una política de separación familiar de inmigrantes en la frontera, el gobierno de Trump implementó una argucia legal para llevarla a cabo: presentar cargos criminales a los adultos que entran indocumentados al país por un sitio o lugar no autorizado (a menos que se trate de un puesto fronterizo).

En el lapso de un mes y cuatro días, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) separó 2,551 menores y de ellos 103 correspondieron a niños que tenían menos de 5 años.

La implementación de la estrategia, sin embargo, causó una oleada de criticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos que forzó a Trump a dar marcha atrás y ordenó detener la la separación de familias en la frontera, pero el daño ya estaba hecho.

"Se trató solo de la última de una serie de órdenes y decisiones ejecutivas que han dividido a las familias", se lee en un reporte de la Clínica Legal del Catholic Charities Network (CLINIC), programa de la Iglesia Católica estadounidense que defiende los derechos de los inmigrantes y brinda asistencia legal a miles de indocumentados que huyen de sus países en busca de asilo en Estados Unidos. Pero no se trata de la única medida de este tipo implementada bajo el actual gobierno, advierte.

La mayoría de los inmigrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza soin centroamericanos provenientes del denominado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que huyen de sus países a causa de la pobreza y la violencia.


Las primeras medidas

El primer asalto a las familias ocurrió el 26 de enero de 2017, cuando el gobierno de Trump emitió una orden ejecutiva que prohibió a las personas de seis países de mayoría musulmana ingresar o reingresar a los Estados Unidos.

La orden fue publicada un día después de otras dos órdenes ejecutivas migratorias de Trump, una sobre la construcción del muro en la frontera con México y otra sobre las ciudades o jurisdicciones santuario, que a su vez determinó nuevas prioridades de deportación y decretó la presencia indocumentada como una amenaza a la seguridad nacional y pública de Estados Unidos.

"Esta prohibición fue rápidamente bloqueada por órdenes de restricción de los tribunales, pero fue reemplazada por una prohibición similar el 6 de marzo de 2017", detalla CLINIC. "La segunda prohibición impidió que personas de cinco países de mayoría musulmana ingresen al país”, orden que también fue bloqueada por los tribunales de justicia.

Pero a pesar de los intentos por contenerlo, la Corte Suprema permitió que continuara una versión limitada de la misma. Y el 24 de septiembre del año pasado, cuando expiraba el veto original, el gobierno anunció una tercera prohibición con nuevas restricciones para viajar a Estados Unidos desde Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria y Yemen. También incluyó algunos funcionarios gubernamentales de Venezuela y Corea del Norte.

Tras un tenso compás de espera, el 10 de abril de este año Chad fue eliminado de la lista de Trump. Y el 26 de junio la Corte Suprema falló a favor del gobierno, dejando intacta la tercera versión del veto. El dictamen permitió entonces seguir “afectando a millones de personas, incluidos cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes a quienes se les impide reunirse con sus familiares que viven en los países listados”, recuerda CLINIC.


Cancelación de DACA

El siguiente paso del gobierno en la implementación de su dura política migratoria sin la participación o consentimiento del Congreso para separar o afectar familias, se registró el 5 de septiembre, cuando el Sessions puso fin a la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y se les conoce como dreamsrs.

La cancelación del programa “se basó en la teoría legal cuestionable de que el presidente no tenía el poder para continuar dicho programa”, explica Charles Wheeler, director de CLINIC.

La orden de eliminación de DACA incluyó un pedido al Congreso para que en un plazo de seis meses debatiera y aprobara una ley que regularizara a los dreamers, pero el legislativo no tuvo la capacidad de redactar y enviar al pleno un plan bipartidista que fuera aceptado por el presidente, dejando a los soñadores al borde de la deportación de Estados Unidos.

Dos meses antes, sin embargo, el 9 de enero, una corte federal de California en San Francisco ordenó al gobierno de Trump que restableciera el programa tal y como estaba antes del 5 de septiembre del año pasado, excepto para aceptar solicitudes de nuevos beneficiarios.

Otros dos fallos, uno de una corte de Brooklyn, Nueva York, y otro emitido en un tribunal del Distrito de Columbia, ratificaron el dictamen de California, manteniendo el programa vigente temporalmente por el momento.

Y a pesar de esfuerzos bipartidistas en el Congreso, el liderazgo republicano que controla ambas cámaras no ha logrado consenso para aprobar una legislación favorable y permanente para los dreamers, quienes temen que en cualquier momento, un tribunal active la cancelación del beneficio o el gobierno proceda a deportarlos si cometen faltas tan simple como una ligera infracción de tráfico.


El futuro de los dreamers

Por ahora y de acuerdo al último dictamen emitido la semana pasada por la a corte federal del Distrito de Columbia, luego de recibir un nuevo memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre DACA, el tribunal esperará la decisión que tome una corte de distrito del sur de Texas, en Brownsville, en una demanda presentada el 1 de mayo por Texas y otros seis estados en contra del gobierno de Trump por mantener vivo el programa DACA.

Los demandantes (Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina y West Virginia), habían advertido el año pasado al gobierno que, si no cancelaba DACA, acudirían a la corte tal y como lo hicieron 26 estados en 2014 cuando demandaron la ampliación de DACA y DAPA, programa que buscaba el amparo de la deportación de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes.

“No esperamos nada positivo de la corte de Texas”, dice a Univision Noticias Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers de Estados Unidos). “Estamos muy conscientes del panorama político, Hay mucha preocupación porque detrás de la decisión de la corte hay miles de trabajos, de futuros, educación y miles de vidas de personas que tienen familias establecidas en Estados Unidos”.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) también está preocupada por el futuro de DACA en los tribunales. “El gobierno de Trump muestra un patrón inquietante para infligir su marca antiinmigrante”, dice David Lepold, un expresidente y asesor general de la Asociación.

“Trump, Nielsen, Sessions y los republicanos saben muy bien que no tienen la ley de su lado cuando se trata de DACA. Su única esperanza es usar los tribunales para avanzar en su fea agenda nativista. Durante años, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha lamentado la politización de los Tribunales. Espero que esté prestando atención a esta farsa”, agregó.


Cuota de refugiados

A la lista de programas implementados por Trump para implementar su dura política migratoria se agregó este miércoles la denuncia hecha por el diario The New York Times que la Casa Blanca estudia una segunda y severa reducción de la cuota de refugiados de 45,000 a 25,000, el más bajo desde que el Congreso aprobó el programa en 1980.

Cuando Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, heredó una cuota de 85,000 establecida por Barack Obama. Pero debido a la primera reducción, “la implementación de nuevos requisitos de evaluación de seguridad ("examen exhaustivo"), suspensión de admisiones de refugiados a principios de año, y otras desaceleraciones en el procesamiento de refugiados, es poco probable que incluso la mitad de ese número sea admitida”, advierte Wheleer.

Para la primera mitad del año fiscal 2018, Estados Unidos solo ha admitido 10,500 refugiados, aproximadamente una cuarta parte del número que ingresaron en el mismo período el año anterior. Y las cinco principales nacionalidades para refugiados en lo que va del año son la República Democrática del Congo, Bután, Birmania, Ucrania y Eritrea, detalla CLINIC.

Wheller indica que la prohibición de viajar ha afectado en gran medida y reducido “el número de refugiados de países de mayoría musulmana”. Y que, en los últimos años, “el número de refugiados de esos países fue comparable al de los países de mayoría cristiana”.


Cancelación del TPS

Trump también ha cancelado los Programas de Protección Temporal (TPS) a seis países, dejando a más 300,000 inmigrantes indocumentados al borde de la deportación del país una vez venzan los plazos de la ultima renovación de sus permisos de trabajo.

A comienzos de junio la Casa Blanca había cancelado las designaciones de TPS de Sudán, Nicaragua, Nepal, Haití, El Salvador y Honduras, afectando a un total de 310,540 titulares, según el recuento de CLINIC.

La mayoría de estos inmigrantes han establecido fuertes lazos familiares en Estadios Unidos, algunos de los cuales llevan más de 20 años en el país y tienen hijos, incluso nietos estadounidenses.

“Hay más de 270,000 niños ciudadanos americanos cuyos padres son titulares de TPS de solo tres países, El Salvador, Honduras y Haití”, se lee en el reporte de Wheller. “Estas cancelaciones dejan a los titulares de los programas con una opción imposible: abandonar a sus hijos y regresar solos a sus países de origen, o trasladarse con ellos y someterlos a niveles deplorables de delincuencia, violencia y pobreza”.

A los programas señalados se agregan otras medidas ejecutivas y administrativas tales como:


Las carpas de Tornillo, el nuevo centro de detención para niños inmigrantes (fotos)

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