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Deferred Action for Childhood Arrivals

DACA está en manos del mismo juez que en 2015 decidió no amparar de la deportación a millones de indocumentados

En caso de producirse un fallo adverso este 8 de agosto y DACA sea eliminado, abogados advierten que los estados y las instancias que demandaron la cancelación y fueron amparados por los tribunales, apelarán de inmediato la decisión e incluso acudirán a la Corte Suprema de Justicia, donde el balance ideológico no favorece a los dreamers.
26 Jul 2018 – 3:15 PM EDT

El futuro de la Acción Diferida (DACA) se decidirá el próximo 8 de agosto en una corte de distrito del sur de Texas, en Brownsville. Lo que el juez Andrew S. Hanen determinará es si el programa creado bajo el gobierno de Barack Obama es legal, o bien se elimina argumentando que fue ilegal desde su inicio, como sostiene el gobierno de Donald Trump.

DACA fue creado el 15 de junio de 2012 para amparar de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que entraron a EEUU antes de cumplir 16 años y que se les conoce como dreamers. El programa también les otorga una autorización de empleo renovable cada dos años.

Todo esto está en vilo debido a que el programa está en manos del juez Hanen, quien en 2015 falló en contra de millones de indocumentados.

Y es que en febrero de 2015 Hanen falló en contra de DAPA, el programa que amparaba de la deportación a 5 millones de indocumentados que eran padres de ciudadanos y residentes permanentes, lo que en la práctica era una ampliación de la Acción Diferida DACA.

Cómo se llegó a la decisión de este 8 de agosto

El pasado 1 de mayo, siete estados encabezados por Texas demandaron en el mismo tribunal al gobierno de Trump para que elimine DACA, programa que fue cancelado el 5 de septiembre, pero restablecido en enero por un tribunal federal de California. Si lo elimina, unos 700,000 dreamers quedarán a las puertas de la deportación de Estados Unidos.

El 5 de septiembre del año pasado, el gobierno de Trump canceló el programa argumentando que es ilegal porque cambió parte de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso, además de otorgar permisos de trabajo a extranjeros con presencia no en detrimento de los trabajadores estadounidenses. El anuncio de la eliminación del programa fue hecho por el fiscal general, Jeff Sessions.

DACA protege en la actualidad a unos 700,000 dreamers.


El 9 de enero, cuatro meses después de la cancelación de DACA, una corte federal de California ordenó el restablecimiento del programa tal y como se encontraba antes de la cancelación ordenada por Trump, pero advirtió que aquellos que nunca habían solicitado el beneficio no calificaban para el amparo de sus deportaciones o el permiso de trabajo.

Luego, el 13 de febrero, un segundo tribunal de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar y ordenó restituir el programa tal y como se encontraba vigente antes del 5 de septiembre del año pasado, pero dejó a discreción del DHS si concedía o no el beneficio a los nuevos inscritos.

Y el 24 de abril, un juez federal del Distrito de Columbia emitió un tercer fallo a favor del programa y le ordenó al gobierno que no solo continúe con el programa, sino que acepte nuevos solicitantes, pero concedió un plazo de 90 días para que de mejores argumentos sobre el fin del programa. Y señaló que, si en estos 90 días el gobierno no puede dar "razones más sólidas", deberá comenzar a aceptar nuevas peticiones.


El plazo

EL plazo fijado por la corte del Distrito de Washington venció el lunes 23. Un día antes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le envió al tribunal un memorando firmado por la secretaria Kirstjen Nielsen donde explica que no se opone ni interfiere con el memorando del 5 de septiembre del 2017 que ordenó la cancelación de DACA.

Nielsen también le indica a la corte que las razones de la cancelación del programa siguen siendo las mismas que señaló el gobierno en su momento y que fueron expuestas por el fiscal general Jeff Sessions en esa fecha.

La secretaria del DHS señala en el documento que “independientemente de las preocupaciones sobre la legalidad o ilegalidad del programa, existen razones sólidas para que la política de cumplimiento sea rescindida” y que la ley creada por el Congreso no permite crear nuevas categorías de extranjeros “bajo la apariencia de la discreción procesal, particularmente una clase que el Congreso ha considerado en repetidas ocasiones, pero se ha negado negó a proteger”.

Nielsen también expresó que la política de DACA fue anunciada como una medida temporal provisional, “no como una solución permanente”. Y agregó que el programa “estaba expresamente limitado a períodos de renovación de dos años, no confirió derechos sustantivos, y fue revocable en cualquier momento”.


Qué decidió la corte

Tras la presentación del memorando de Nielsen, la corte federal del Distrito de Columbia decidió extender por tiempo indefinido la espera respecto a la presentación de nuevas solicitudes de DACA. Y esperar “qué decidirá el tribunal de distrito del sur de California, en Brownsville, respecto a una demandada entablada por Texas y otros seis estados en mayo”, dijo a Univision Noticias Greisa Martínez, directora de políticas de United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers de Estados Unidos.

La demanda de mayo fue presentada por Texas y otros seis estados (Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina y West Virginia), que demandaron al gobierno federal disputando la creación del programa DACA en 2012.

Los demandantes habían advertido el año pasado al gobierno de Trump que, si no cancelaba DACA, acudirían a la corte tal y como lo hicieron 26 estados en 2014 cuando demandaron la ampliación de DACA y DAPA, programa que buscaba el amparo de la deportación de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes.

La demanda de mayo fue presentada en el mismo tribunal, presidido por el juez Andrew S. Hanen. La batalla escaló a la Corte de Apelaciones que ratificó el fallo de Texas y luego llegó hasta las manos de la Corte Suprema de Justicia, donde el máximo tribunal no tomó decisión alguna prevaleciendo entonces el dictamen de los tribunales inferiores.


Qué se espera

“No esperamos nada positivo de la corte de Texas”, dice Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de UWD. “Estamos muy conscientes del panorama político, Hay mucha preocupación porque detrás de la decisión de la corte hay miles de trabajos, de futuros, educación y miles de vidas de personas que tienen familias establecidas en Estados Unidos.

Para otros la decisión de la corte del Distrito de Columbia de esperar qué resuelve el tribunal de Hanes, en Texas, es preocupante. El gobierno de Trump muestra un patrón inquietante para infligir su marca antiinmigrante”, dice David Lepold, un expresidente y asesor general de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Leopold advierte que si la corte de Brownsville emite una orden que bloquee los fallos cautelares que restablecieron DACA, “se iniciará una carrera hacia la Corte Suprema donde Trump cree que tiene ventaja”.

“Trump, Nielsen, Sessions y los republicanos saben muy bien que no tienen la ley de su lado cuando se trata de DACA. Su única esperanza es usar los tribunales para avanzar en su fea agenda nativista. Durante años, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha lamentado la politización de los Tribunales. Espero que esté prestando atención a esta farsa”, agregó.

En caso de producirse un fallo adverso y DACA sea eliminado, abogados advierten que los estados y las instancias que demandaron la cancelación y fueron amparados por los tribunales, apelarán de inmediato la decisión. “Y en caso de haber decisiones distintas en distritos y circuitos, entonces será la Corte Suprema la instancia que resuelva este pleito”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y durante 15 años fue fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.

Mientras se resuelve la batalla en los tribunales “todo dreamer que tenga la posibilidad y reúna los requisitos para renovar su permiso de trabajo, que lo haga”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración de Miami. “Y si tiene duda, ya sea por una falta o el cumplimiento de un requisito para calificar, busque asesoría legal antes de llenar y enviar los formularios”, indica.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia federal encargada de la administración del programa, advierte que, el trámite para la renovación de los permisos de trabajo demoran entre 4 y 5 meses (120-150 días).

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