Deportaciones

El gobierno asegura que no tiene una política de separación familiar de inmigrantes en la frontera, pese a practicarla

La separación de familias fue oficializada por el fiscal general Jeff Sessions en abril tras anunciar la implementación de la política de ‘tolerancia cero’, que no solo apunta a la detención y formulación de cargos criminales a quienes sean detenidos por ingresar ilegalmente al país.

El gobierno del presidente Donald Trump “no tiene una política de separación familiar” en la frontera. Así lo reconoció un vocero del Departamento del Seguridad Nacional (DHS) en un correo electrónico a Univision Noticias.

La separación de familias fue oficializada por el fiscal general Jeff Sessions a comienzos de abril tras anunciar la implementación de la política de ‘tolerancia cero’, que no solo apunta a la detención y formulación de cargos criminales a quienes sean detenidos por ingresar ilegalmente al país, sino también complica la entrada por las garitas fronterizas y aumenta el escrutinio a los que se entregan porque vinen sin visa a Estados Unidos.

Según el DHS, las separaciones están respaldadas por “una política de larga data del gobierno anterior” que aseguró “puede ocurrir sólo cuando no podemos determinar la relación de custodia, cuando determinamos que un niño puede estar en riesgo con el custodio o cuando el custodio es transferido a un entorno de detención criminal debido a (la formulación de) cargos criminales”.

“Eso no ha cambiado”, precisó la respuesta del DHS. Además añadió que “toma en serio su responsabilidad legal de proteger a los niños extranjeros contra el tráfico de personas y otras acciones delictivas, al tiempo que garantiza el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración”.


Órdenes de Nielsen

El DHS también señaló que el 4 de mayo la secretaria Kirstjen Nielsen pidió a los agentes “aumentar los referidos al Departamento de Justicia para enjuiciamientos criminales contra aquellos que violan la soberanía de nuestro país”.

Nielsen posteriormente explicó la política de "tolerancia cero" durante una audiencia ante los miembros del subcomité de Asignaciones para la Seguridad Nacional del Senado.

“Cuando el DHS refiere un caso en contra de un padre o tutor legal para su enjuiciamiento criminal, el padre o tutor será puesto bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos”, subrayó.

Indicó además que, “al ser detenido (el padre o tutor) previo al juicio de conformidad con una orden de un juez federal, el menor es transferido al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) como un ‘Menor Extranjero No Acompañado’ (UAC), de acuerdo con la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas del Tráfico (PVTRA)”.


Catch and release

En una nueva crítica a leyes y acuerdos judiciales vigentes que impiden la deportación acelerada de menores que llegan a la frontera en busca de asilo, el DHS señaló que las actuales leyes de inmigración tienen “lagunas” que obligan a las autoridades a “ponerlos en libertad” tras ser detenidos.

“Cualquier persona menor de 18 años que ingresa ilegalmente a Estados Unidos sin un padre o tutor, inicialmente será puesto bajo custodia del HHS y luego liberado en lugar de ser regresado a su país de origen”, apuntó.

La respuesta no hizo referencia a crisis humanitaria que se vive en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que desde 2013 motiva la huida de miles de personas hacia Estados Unidos en busca de asilo.

El DHS advirtió que “si una persona comete un delito, la policía lo llevará a la cárcel independientemente de si tiene familia o no”. Y recalcó que “estamos comprometidos a asegurar las fronteras de nuestra nación, así como a proteger a los niños que encontramos en el proceso”.


El blanco de Trump

La puesta en vigor de la política de ‘tolerancia cero’ fue la última parte de un plan que la Casa Blanca venía estructurando desde hace un año.

El 11 de abril de 2017, Sessions firmó un memorando interno dirigido a dos objetivos: “establecer la legalidad” del sistema migratorio y “disuadir” la llegada de indocumentados.

El blanco de la nueva política son los indocumentados que tratan de ingresar, los indocumentados que cruzan, quienes los ayudan a llegar hasta la frontera, quienes los transporten y hasta quienes les den albergue. A todos ellos, explica el documento, “se les considerará para ser enjuiciados”.

Y la prioridad la tendrán aquellos que “están transportando o albergando a tres o más personas”, categoría que bien puede ser aplicada, por ejemplo, a matrimonios con un menor de edad.

Sessions, además, ordenó que todas las agencias del DHS ayuden al enjuiciamiento “de tales violaciones” y que estas pautas deberían tener como objetivo “disuadir” a aquellos que por primera vez tratan de llegar a la frontera.

Qué dice ICE

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), por su parte, dijo este viernes a Univision Noticias que “se compromete a conectar a estos familiares lo más rápido posible después de la separación, para que los padres conozcan la ubicación de sus hijos y se comuniquen regularmente con ellos”.

La agencia señaló que este protocolo se implementa “de acuerdo con las políticas de ICE y las normas de detención vigentes, incluida la directiva Detención y Deportación de Padres Extranjeros o Guardianes Legales”, fechada el 29 de agosto de 2017.

La agencia dijo además que el compromiso incluye la publicación de “nueva información” en instalaciones (albergues y centros de detención) en un plazo de 72 horas, detallando a los padres detenidos que intentan localizar y/o comunicarse con un niño bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de Salud y Servicios Humanos (HHS) para que llamen a la Línea de información y Denuncia de Detención (DRIL) para recibir asistencia.

“Los padres separados que aún están bajo la custodia del Servicio de Alguaciles y no han sido transferidos a ICE, también pueden llamar a la línea de información (DRIL) para que les ayuden a localizar a su hijo menor de edad”, resaltó.

ICE dijo además que la información proporcionada por estos padres a los operadores de DRIL “se enviará a la ORR para que tome medidas”. Y que ambas agencias “trabajarán juntos para ubicar a los niños separados, verificar la relación padre/hijo, y establecer una comunicación regular y coordinación de eliminación, si es necesario".


Daños irreparables

La formulación de cargos criminales y la separación de niños y familias en la frontera causa “daños irreparables” a personas que huyen de sus países en busca de asilo en Estados Unidos, dijeron abogados consultados por Univision Noticias.

“El tener un cargo criminal y una convicción por tráfico de personas, que es el delito aplicado por el gobierno a los padres que cruzan ilegalmente al país, les va a afectar para toda la vida a la persona si en el futuro pide una visa u otro beneficio migratorio, lo descalifica”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

Otros señalan que la política de Trump basada en el enjuiciamiento permanente al programa de patrocinio de menores “lo hace para justificar más leyes y políticas antinmigrantes basadas en esa crítica”, dice Víctor Nieblas, expresidente de la Asociación Americana de abogados de Inmigración (AILA).

“La separación de menores es una nueva práctica del gobierno de Trump”, dice Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington. “Se trata de algo bastante distinto al proceso que llevaba a cabo el gobierno anterior, el de Obama”.

“Esto resulta en colocar cargos criminales a los padres por intentar entrar indocumentados. Y puesto que los niños no pueden estar encarcelados con los padres mientras que pasen por este proceso criminal, el gobierno los separa. Antes, no ocurría eso, no les colocaban cargos criminales si un padre o una madre venía acompañada por sus hijos”, precisó Adams.

Hasta ahora, la permanencia indocumentada constituía una falta de carácter civil no criminal. Los abogados advierten que todo apunta que Trump criminalizará la permanencia no autorizada sin el apoyo del Congreso, solo por medio de memorandos y órdenes ejecutivas.