Varios damnificados en Miami-Dade y Broward aseguran que han tenido que costear de sus bolsillos algunas reparaciones para poder seguir viviendo en sus residencias. La oficina que regula los seguros en Florida reporta que en estos dos condados se sometieron más de 200,000 reclamos, de los cuales 68,000 han sido negados y más de 30,000 siguen abiertos. Abogados aseguran que la mayoría de los reclamos son negados por exclusiones relacionadas al techo.

La organización Alianza de Nuevas Libertades Civiles, con sede en Washington, fue la que presentó la demanda en representación de Raúl Mas Canosa. Según la querella, las cámaras violan el derecho constitucional a la privacidad. Mas Canosa asegura que con la queja espera que se establezca un límite sobre qué información cae en manos de las autoridades de la ciudad.

Este lunes, en la Federación Judía del condado de Broward, manifestaron su apoyo a la comunidad víctima del tiroteo en la sinagoga. También hicieron un llamado para reformar las leyes sobre las armas de fuego y aseguraron que es un momento importante para expresarse en contra de este y otros crímenes recientes impulsados por el odio.

Una decoradora explicó cómo se utilizan las servilletas, los platos desechables y las bolsas de papel para hacer diferentes decorados como iluminarias, máscaras, las flores para los altares de Día de Muertos, entre otros.

La manifestación pacífica se llevó a cabo este domingo afuera de un edificio, ubicado en el 419 de la avenida Emancipation, el cual podría ser habilitado como un centro para menores inmigrantes. Activistas buscan prevenir que más familias indocumentadas sean separadas bajo las políticas de la administración Trump.

La extensión es por un periodo de seis meses y se beneficiarán aproximadamente 300,000 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, cuyo Estatus de Protección Temporal está a punto de vencerse. El beneficio será automático, no tendrá costo y se mantendrá vigente mientras se decide en la corte la demanda presentada contra el gobierno por la violación de los derechos constitucionales de las personas con TPS.