Reynaldo Guevara es el presunto responsable de fabricar testimonios, presionar a testigos y ejecutar torturas para enviar a la cárcel a inocentes por asesinatos ocurridos desde la década de los 80. Armando Serrano, quien pasó 23 años preso por un crimen del que fue exonerado hace un año, se presentó como testigo. La próxima cita de Guevara ante la corte es el 30 de octubre.

La ayuda que envió la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) fue hallada en contenedores del municipio Patillas por el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera, después de que recibió denuncias. El funcionario manifestó que los responsables podrían ser acusados de delitos federales, mientras el alcalde se defendió diciendo que no alcanzaron a guardar los suministros por las lluvias.

La organización comunicó que la medida servirá para frenar la entrada de delincuentes o terroristas, mientras la Unión de Libertades Civiles dijo que sin duda tendrá un efecto escalofriante en la libertad de expresión que se manifiesta cada día en redes sociales. Esta política es la actualización de una ley aprobada en 1974.

Marissa Mónica Cano presuntamente agredía a una niña, de 8 años, y a sus hermanos, de 15 y 17, y los habría mantenido encerrados en una vivienda para no levantar sospechas. Uno de los adolescentes logró escapar y llamar a la línea de emergencia desde un restaurante. La mujer tiene dos hijos, quienes no mostraron señales de violencia.

El gobernador, Alfredo del Mazo, se reunió con el gabinete de seguridad federal encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, para buscar soluciones contra la criminalidad generada por la nueva organización y que afecta principalmente siete municipios.

El Buró Federal de Investigaciones informó que la mayoría de llamadas se estarían realizando desde cárceles de México y que en algunos casos los extorsionistas se hacen pasar por las supuestas víctimas. Madres y padres son obligados a permanecer en la línea y han pagado hasta 5,000 dólares.