Fuentes del gobierno de Estados Unidos confirmaron a Univision Noticias que la DEA investiga por tráfico de drogas a Luciano Marín alias Iván Márquez, uno de los máximos jefes de la desmovilizada guerrilla colombiana de las FARC, y a un alto funcionario venezolano, cuya identidad se mantiene confidencial.

El Departamento de Justicia informó que dos salvadoreños, seis hondureños y tres guatemaltecos, supuestos migrantes de la caravana, fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza después de haber cruzado de manera ilegal a Estados Unidos. Irineo Mujica, organizador de la movilización de centroamericanos, rechazó los señalamientos.

Telsa Rich, quien tuvo que dejar a su esposo en México porque los abogados se lo recomendaron, y su hija de 9 meses, Valentina, fueron las primeras de un grupo de ocho personas que pudieron ingresar a Estados Unidos para pedir asilo. El ingreso de los primeros miembros, cuatro adultos y cuatro niños, se produjo el día después de que llegaran a la ciudad fronteriza de Tijuana, donde las autoridades migratorias no los habían aceptado por estaban con el cupo máximo.

La Armada Nacional de Colombia halló a decenas de asiáticos, entre ellos niños, que habían sido abandonados seis días atrás. Los migrantes intentaban cruzar la zona denominada el golfo de Urabá tras pagar 1,000 dólares por persona con el fin de evadir a las autoridades y llegar a Estados Unidos.

Angelina Muñoz, presidenta municipal de Hermosillo, capital del estado de Sonora, recomendó a los habitantes no colaborar a migrantes ni desamparados porque se corre el riesgo de que les guste vivir de la caridad y se queden en la ciudad, que formó parte del recorrido de la caravana de centroamericanos. La alcaldesa quiso aclarar que hacía referencia a un comedor exclusivo para migrantes donde ahora casi un centenar de desamparados exigen alimentos.

Una investigación periodística en Florida indica que algunas escuelas privadas están contratando expresidiarios para ser profesores de niños y adolescentes. En 17 estados han adoptado los denominados estatutos de prohibición total, que impiden a empleadores públicos preguntar sobre antecedentes penales en las solicitudes. Al menos 45,000 leyes pueden excluir a personas con ciertas condenas de acceder a vivienda pública, voto y licencias, según una asociación de abogados.