El mandatario estatal Brian Kemp anunció que ciertos comercios retomarán su actividad económica bajo estrictas medidas de seguridad para evitar la propagación del covid-19. Sin embargo, expertos en temas de salud creen que esta orden es apresurada y podría poner en riesgo todos los avances que se han logrado hasta el momento con el distanciamiento social.

Un contrato en específico terminó el lunes en -$37.63, algo impensado antes de que la pandemia del coronavirus prácticamente secara la demanda de combustibles en todo el mundo. Ante este panorama, autoridades texanas anticipan fuertes pérdidas de ingresos tributarios y el posible despido de más de un millón de trabajadores, esto pese a que el presidente Trump anunciara que va a llenar la reseva nacional adquiriendo 75 millones de barriles.

Luego de que anunciara que se suspenderán por 60 días los trámites de aquellos que intentan conseguir una residencia legal desde sus países, el presidente le dijo a Univision que ya está visualizando otra medida que podría limitar aún más las condiciones para los inmigrantes que quieren pisar suelo estadounidense.

Aquellos que llegan hasta los retenes son revisados por médicos del área, quienes determinan si los viajeros pueden seguir bajo una orden de aislamiento o si, por el contrario, deben dar vuelta para buscar otro destino. Inclusive, están siendo tan estrictos con los controles, que hasta jornaleros que vienen de otros estados del país azteca tienen que pasar por este filtro para poder continuar con su recorrido.

Varios de los reclusos en Otay Mesa se encuentran en huelga de hambre debido al temor por una posible propagación del coronavirus al interior del recinto. Inclusive, se hicieron públicas unas grabaciones en las que se denuncia que varios oficiales del lugar han dado positivo en la prueba para detectar el virus y aún así, según dicen los detenidos, no se han tomado las medidas pertinentes para evitar más contagios.

En su ya habitual conferencia de prensa, Andrew Cuomo señaló que el sacrificio de esta clase de empleados debe ser remunerado bajo una indemnización mensual que equivalga al 50% del sueldo que ganan. Para el mandatario estatal dicha cifra es justa debido al riesgo al que se ven sometidos por continuar con sus labores en medio de la crisis por el coronavirus.